Escándalo: acusan a Poggi de usar a sus hijos como testaferros mientras su fortuna crece

Hay cuestiones que el fanatismo político no puede ocultar. Aunque las picardías se tracen con destreza, lo que se hace en las sombras siempre sale a la luz. No alcanzan las valijas para tapar. Durante años, Claudio Poggi se mostró como el paladín de la moral, el hombre que llegaba a la función pública para ejercer con "honradez"; sin embargo, los hechos parecen demostrar todo lo contrario.

A lo largo de su paso por la política, las sospechas apuntan a que habría aprovechado el poder para beneficio propio. Hoy lo acusan de enriquecimiento ilícito y el detalle central resulta tan llamativo como indignante: la utilización de sus propios hijos como testaferros.

Una denuncia 

El diputado nacional Ernesto Alí encabezó la acusación ante la Justicia. A fines de septiembre, amplió la presentación por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa, tras cruzar y analizar datos de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales sobre registros dominiales a nombre de personas vinculadas al gobernador.

De acuerdo con la denuncia, Poggi habría montado un entramado patrimonial familiar impensado. Su hija, María Victoria Poggi, figura como titular de 8 inmuebles, mientras que su hijo, Federico Poggi, acredita otras 5 propiedades. Ninguno de los dos alcanza los 40 años de edad y los ingresos declarados por el mandatario no guardan compatibilidad con semejante volumen patrimonial.

Cabe remarcar que la causa tuvo su origen en el trabajo de investigación periodística realizado por el abogado Gustavo Reviglio.

Una maniobra al descubierto

La mecánica denunciada implica que los bienes se habrían traspasado a nombre de sus hijos, manteniendo el gobernador la libre disponibilidad y el usufructo de los mismos. Pero la trama no concluye allí: su esposa, Sandra Mabel Correa Sosa, cuenta con 4 inmuebles anotados a su nombre.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal de Alí, solicitó formalmente a la Justicia que se libren oficios para determinar las características, superficie y valuación fiscal de cada propiedad, así como el historial de titularidad y las fechas de adquisición. Asimismo, pidió requerir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y la situación fiscal de los involucrados, además de informes a entidades bancarias y financieras.

La denuncia recayó inicialmente en Comodoro Py, en el Juzgado Federal a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. No obstante, ambas se declararon incompetentes y remitieron las actuaciones a la Justicia Federal de San Luis. En la jurisdicción provincial ya existía una presentación previa radicada por Reviglio, la cual permanecía paralizada.

Un patrimonio bajo la lupa

Obsceno. Sorpresivamente deplorable. Distanciado de los límites éticos y morales, y ajeno a las penurias de miles de familias que no logran llegar a fin de mes ni con dos empleos, Poggi exhibe un pasar acomodado. Cualquier lector desprevenido podría atribuirlo al éxito profesional o a sus haberes en la función pública; sin embargo, al contrastar los números, la documentación relativiza el relato oficial.

Alí precisó que, entre 2017 y 2023, el patrimonio neto declarado pasó de $9.338.689,20 a $79.586.045,10 hacia el período 2022/2023. Esto representa un incremento cercano a los 70 millones de pesos en un lapso acotado, guarismo que no se condice con las dietas percibidas como diputado y senador nacional, los alquileres declarados y otros ingresos no alcanzados.

Las divisas estadounidenses habrían sido el destino predilecto de ahorro, junto a «revaluaciones extraordinarias de inmuebles rurales y urbanos, especialmente en Alpa Corral, todas consignadas sin trazabilidad financiera clara.

Entre 2017 y 2018, el patrimonio declarado por Poggi subió $3,4 millones, variación que justificó de manera genérica en la diferencia de valuación por inflación y tipo de cambio. Ese mecanismo elástico en el cálculo numérico se sostuvo de forma constante a lo largo de los años. De hecho, los datos reflejan que duplicó su patrimonio antes de asumir como senador en 2019, cuando declaró $20.476.716,16 al cierre de aquel ejercicio.

Números en ascenso constante

A tenor de las cifras registradas, el crecimiento patrimonial no se detuvo en ningún período. Durante la pandemia de 2020, la suma escaló $10 millones, comportamiento que se repitió en 2021, lo que implicó cuadruplicar los valores en cuatro años.

En 2022 se produjo el salto más significativo: de un patrimonio inicial de $39.522.367,90 se pasó a $79.586.045,10 al cierre del año.

Por último, en la declaración jurada de baja presentada en 2023 al cesar en el cargo de diputado para asumir la gobernación, se informaron bienes de inicio por $37.876.399,86, contraste manifiesto frente a los $79,5 millones declarados al cierre del ejercicio previo. Esa diferencia representa una disminución no explicada de $41 millones, en simultáneo con una revaluación por $201.604.098,73, inconsistente con los montos globales informados.

En 2019, la presentación incluyó plazos fijos en dólares de entre USD 55.000 y USD 63.000, además de efectivo en moneda extranjera que trepó de USD 97.000 a USD 114.950.

El foco judicial apunta también a las revaluaciones inmobiliarias: en Alpa Corral, un terreno de 45 m² pasó de cotizar $943.957,77 a $6.774.666,15 solo en 2022. Una evolución similar se registró en un inmueble rural de 18.100.000 m² (1.810 hectáreas), cuyo valor fiscal declarado se duplicó en el término de doce meses.