Morosidad: el 48% de los usuarios de San Luis tiene facturas de luz vencidas
La combinación de los salarios rezagados y las variaciones tarifarias empuja a miles de hogares a refinanciar sus deudas para evitar el corte del suministro.
El impacto del contexto económico de ajuste nacional y provincial y las variaciones de las tarifas de energía eléctrica, se hacen sentir con fuerza en los bolsillos de las familias puntanas. Actualmente, el 48% de los suministros de la provincia registra al menos una factura vencida, una situación que refleja las complicaciones crecientes de la economía doméstica para mantener los servicios al día en medio de una persistente pérdida del poder adquisitivo.
Ante los avisos de suspensión —que dan un plazo de apenas 72 horas previo a la quita del medidor—, cada vez más vecinos recurren a planes de refinanciación para regularizar su situación.
Sin embargo, los recargos e intereses de las cuotas terminan abultando los montos originales, obligando en muchos casos a pedir dinero prestado para afrontar la primera cuota y no quedar a oscuras.
A esto se suma el peso de los impuestos municipales incluidos en la boleta, cuyo desenganche exige trámites previos y certificados de libre deuda para lograr una rebaja en el cupón mensual.
Aunque los niveles de morosidad severa se mantienen en márgenes acotados en comparación con otras épocas del país, la acumulación de planes de pago consecutivos enciende las alarmas sobre el margen de maniobra de los usuarios.
Para dimensionar el contexto, aseguran que un total de 77.458 suministros eléctricos de San Luis registra al menos una factura vencida. Y unos 4 mil acumulan más de 3 meses de deuda.
Frente a este panorama, adquieren relevancia los mecanismos de desendeudamiento y la flexibilización de pagos parciales impulsados para amortiguar el impacto tarifario en los sectores con menores ingresos o empleos informales.
En este escenario, la asfixia financiera que ejercen tanto la Nación como la Provincia complica aún más el panorama para los hogares, que deben hacer malabares para sostener los servicios básicos en medio de una preocupante indiferencia oficial ante la pérdida generalizada del poder adquisitivo.
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