Discapacidad en emergencia: un centro de día advierte que está al borde de cerrar

El Centro de Día “La Esperanza”, ubicado en la capital puntana, realizó este viernes una jornada de puertas abiertas para visibilizar la crisis que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Desde la organización denunciaron que la falta de pagos y las demoras en la llegada de fondos oficiales los dejaron en una situación límite.

Durante la actividad, familiares, trabajadores y vecinos se acercaron para acompañar el reclamo y pedir soluciones urgentes. Según explicaron, los recursos que reciben son fundamentales para sostener talleres, acompañamiento terapéutico y la alimentación diaria de quienes asisten al lugar.

El presidente de la institución, Gonzalo Durante, advirtió que el centro —que atiende a unas 140 personas y emplea a 55 trabajadores— está “al borde de la quiebra”. Señaló además que un eventual cierre dejaría a muchos concurrentes sin uno de los espacios que garantiza contención y, en muchos casos, su principal fuente de alimentación diaria.

El reclamo apunta principalmente a la falta de transferencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), además de deudas vinculadas a prestaciones del PAMI y del programa Incluir Salud.

La situación del centro se enmarca en una crisis que atraviesa a todo el sistema de atención a la discapacidad en la Argentina. Como respuesta al desfinanciamiento, prestadores de todo el país iniciaron un cese de actividades por tres días —13, 18 y 19 de marzo— que afecta a centros terapéuticos, escuelas especiales y servicios de transporte.

Aunque el Congreso ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad y esta fue promulgada tras un veto presidencial, desde el sector aseguran que su aplicación sigue sin concretarse por restricciones presupuestarias.

Mientras tanto, muchas instituciones comenzaron a reducir la atención o trabajar media jornada para intentar sostener los servicios. Prestadores y familias advierten que la continuidad de las terapias para miles de pacientes está en riesgo y que, frente a la falta de respuestas oficiales, el sector se siente cada vez más invisible para el Estado.