Dictan 90 días de prisión preventiva para Reina del Portugal por la venta de terrenos

La Justicia ordenó 90 días de prisión preventiva para Mayte Reina del Portugal Escudero, acusada de liderar una maniobra fraudulenta que afectó, hasta el momento, a al menos 21 familias. 

La mujer es señalada por vender terrenos que no le pertenecían, simulando operaciones legales para captar los ahorros de personas que buscaban acceder a su casa propia.

El "modus operandi"

Según la investigación fiscal, la imputada ofrecía lotes en una zona destinada a planes oficiales de vivienda. Para dar apariencia de legalidad, Reina del Portugal celebraba convenios de cesión de derechos posesorios ante una escribana, a pesar de que no poseía ningún derecho real sobre las tierras ni podía acreditar su posesión.

Los terrenos en cuestión están ubicados en el Barrio Familia Unida y comprenden un predio de 16 manzanas. Tras diversos procedimientos administrativos, estas parcelas fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes y cedidas al Gobierno de San Luis, único ente facultado para escriturar y que ya cuenta con una ejecución de obra para la construcción de viviendas sociales.

Una defraudación millonaria

La fiscalía detalló que se trata de una maniobra económica de gran escala. Los montos de las operaciones eran variables y muchos de los damnificados pagaban sus lotes en cuotas.

"No es solo una cuestión de acción civil; se trata de un acto de mala fe y de un obrar malicioso y coordinado", señalaron.

Aunque la imputación formal actual comprende 15 hechos en concurso real, la investigación sugiere que la cifra de víctimas asciende a 54 familias que perdieron sus ahorros bajo este engaño.

Riesgos procesales y detención

El juez interviniente dictó la medida de coerción por tres meses basándose en varios puntos clave.

Riesgo de fuga: La falta de claridad sobre el domicilio real de la acusada.

Entorpecimiento: La necesidad de proteger la producción de pruebas y determinar la posible participación de terceros.

Gravedad del daño: La extensión del perjuicio económico y social causado.

Además de la prisión preventiva, se dictó la inhibición general de bienes de la imputada mientras continúa el proceso para determinar el alcance total de la estafa.