Denuncian censura y exclusión en el debate por la reforma de la Ley de Glaciares
Asambleas socioambientales de San Luis advierten que el Gobierno Nacional limitó drásticamente la voz de los expertos y la sociedad civil en el Congreso. Alertan que los cambios en la normativa ponen en riesgo reservas hídricas estratégicas para favorecer proyectos extractivos.
Las asambleas socioambientales de San Luis han manifestado un enérgico rechazo ante lo que consideran un proceso de debate viciado y excluyente en torno a la reforma de la Ley de Glaciares.
Este miércoles, diversas organizaciones locales realizaron una "radio abierta" en la capital puntana para visibilizar el malestar por la metodología implementada por el Gobierno Nacional en las audiencias públicas, denunciando una limitación drástica a la participación ciudadana en el Congreso de la Nación.
Según las cifras expuestas por los manifestantes, de un universo de más de 100.000 ciudadanos e instituciones inscriptas para exponer sus argumentos, solo se permitió el uso de la palabra al 0,3% de los participantes.
Para los ambientalistas, esta exclusión convierte a las audiencias en un mero trámite administrativo carente de transparencia y representatividad, diseñado para silenciar las críticas técnicas y territoriales que alertan sobre los peligros de la nueva normativa.
El núcleo del reclamo se centra en la intención de redefinir las áreas protegidas, una maniobra que permitiría el avance de proyectos de megaminería y explotación petrolera en zonas que hoy la ley resguarda como reservas hídricas fundamentales.
En este sentido, voces de la política local como la exsenadora nacional Eugenia Catalfamo, junto a organizaciones como EcoPress San Luis, han encabezado las críticas señalando que la modificación impulsada busca convertir bienes comunes en mercancía, poniendo en jaque el suministro de agua para más de siete millones de personas en las provincias cordilleranas.
El avance legislativo de la reforma ha sido veloz, habiendo obtenido ya la aprobación en el Senado a finales de febrero de 2026. Actualmente, el proyecto se discute en la Cámara de Diputados en un clima de alta tensión social.
En las inmediaciones del Congreso se han registrado incidentes y detenciones de manifestantes que rechazan los cambios, mientras que los bloques opositores han impugnado formalmente la validez de las audiencias por considerar que se está vulnerando el derecho constitucional a la participación ambiental.
La preocupación en San Luis no es menor, ya que las asambleas territoriales sostienen que la degradación de los ecosistemas de alta montaña tendrá un impacto directo e irreversible en la disponibilidad de recursos hídricos para toda la región.
Ante este panorama, los grupos ambientales prometen profundizar las medidas de fuerza y concientización, exigiendo que el debate sea abierto, federal y con base en evidencia científica, y no bajo una lógica de ajuste y conveniencia comercial.
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