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Asambleas de San Luis se sumaron a la jornada nacional en defensa de la Ley de Glaciares

En el marco del Día de la Tierra, organizaciones socioambientales realizaron una conferencia en San Francisco para rechazar las modificaciones a la normativa vigente. Denunciaron que los cambios propuestos son inconstitucionales y ponen en riesgo las reservas estratégicas de agua en todo el país. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Los asambleístas fundamentaron su rechazo señalando que cualquier intento de flexibilizar la protección de las masas de hielo vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Foto: captura de video.

Este miércoles 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, el encuentro de asambleas socioambientales de San Luis se plegó a una jornada federal de acciones en defensa de la Ley de Glaciares. 

 


La actividad principal tuvo lugar en la localidad de San Francisco, donde los referentes locales advirtieron sobre la gravedad de los proyectos de reforma que avanzan en el Congreso Nacional, bajo la consigna "Argentina está unida en defensa del agua".

 


Los asambleístas fundamentaron su rechazo señalando que cualquier intento de flexibilizar la protección de las masas de hielo vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.

 


Asimismo, remarcaron que se incumplió el Convenio 169 de la OIT, al no realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades de pueblos originarios, violando el principio de no regresividad en materia ambiental.

 


Durante la exposición, se enfatizó que en un país donde el 70% del territorio es árido o semiárido, los glaciares y el ambiente periglacial representan bienes comunes indispensables para la vida y los ecosistemas. 

 


Según las organizaciones, las modificaciones impulsadas buscan favorecer intereses corporativos de grandes mineras y cámaras empresariales, poniendo en peligro directo a más de 17.000 glaciares relevados en la cordillera argentina.

 


Finalmente, los voceros destacaron el masivo apoyo popular a la demanda colectiva presentada por entidades ambientalistas, que ya cuenta con más de 850 mil adhesiones. 

 


A pesar de las denuncias por censura en las audiencias públicas, las asambleas locales ratificaron que el proyecto carece de licencia social y aseguraron que la movilización continuará hasta garantizar que el acceso al agua siga siendo un derecho fundamental por encima de cualquier actividad extractiva.

 

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