Escándalo en Salud: denuncian pagos de hasta 20 horas diarias a un sector selecto

El sistema de salud pública provincial se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras las graves denuncias presentadas por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) y el sindicato ATSA. Los organismos gremiales pusieron bajo la lupa la liquidación de haberes, señalando un esquema de pagos "selectivos e ilegales" que beneficiaría solo a una parte de la estructura jerárquica médica.

El eje del conflicto radica en la autorización discrecional de horas excedentes, horas extras y guardias pasivas. Según la presentación de los trabajadores, las autoridades de Salud estarían utilizando estos fondos para favorecer a ciertos médicos y jefes de servicio, profundizando una brecha de desigualdad dentro de los hospitales y centros de salud puntanos.

La polémica por las "20 horas diarias"

Uno de los puntos más críticos de la denuncia refiere a presuntas irregularidades en la carga horaria. Los representantes gremiales reportaron casos sospechosos de profesionales que figurarían cobrando hasta 20 horas de trabajo por día.

Esta cifra no solo excede los límites lógicos de la resistencia humana, sino que vulnera los marcos legales de la Carrera Sanitaria. Desde los gremios especulan que estos pagos diferenciados funcionan, en la práctica, como una herramienta política y económica para retener a ciertos profesionales en el sector público, dejando de lado la equidad salarial general.

Contraste y persecución

La denuncia resalta un escenario de dos realidades opuestas. Por un lado, el sector beneficiado, un grupo reducido que percibe montos extraordinarios por guardias y horas excedentes. Por el otro, el "resto" del personal, trabajadores con salarios desactualizados frente a la inflación, que además denuncian situaciones de persecución laboral al reclamar por transparencia.

Exigencia de transparencia

Ante la gravedad de los hechos, los gremios han iniciado un plan de lucha que incluye movilizaciones en toda la provincia. La exigencia es clara: una recomposición salarial urgente para todo el escalafón y la apertura de los registros de liquidación para auditar cómo se están distribuyendo los recursos del Estado en el área crítica de Salud.