Se paga para que hablen y se paga para que no hablen

La pauta oficial, concebida originalmente como una herramienta de difusión de actos de gobierno, parece haberse transformado en San Luis en un sofisticado dispositivo de control. La gestión de la comunicación pública, a cargo de Diego Masci, enfrenta duras críticas por lo que se define como un "blindaje mediático" de doble vía: se invierten sumas millonarias tanto para imponer el relato oficial en portales y radios como para garantizar el silencio sepulcral sobre los temas que incomodan al poder.

El caso más emblemático de esta estrategia es el escándalo de "El Caburé". Mientras que para ciertas actividades gubernamentales se moviliza un verdadero batallón de cronistas y equipos técnicos, la reciente imputación y procesamiento del exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, fue recibida con un vacío informativo casi total.

En la audiencia de tribunales donde se detallaron los ocho delitos que se le atribuyen al exfuncionario, los dedos de una mano sobraban para contar a los medios presentes. Esta ausencia no responde a una falta de interés periodístico —dado que se trata de una causa por corrupción en el corazón del Estado— sino a una inversión dirigida específicamente a "tapar" el proceso.

En los pasillos del periodismo local, el armado de la agenda es un secreto a voces. La manipulación se vuelve evidente cuando las portadas se llenan de noticias banales o videos virales mientras las investigaciones judiciales por defraudación y abuso de autoridad quedan relegadas al olvido. 

Bajo la dirección de Masci, el criterio de importancia social del periodismo parece haber sido reemplazado por un sistema de recompensas y castigos económicos: hay pauta para los que repiten el discurso y, fundamentalmente, hay pauta para los que aceptan no preguntar.

Este escenario plantea un interrogante ético profundo sobre el rol del Estado en una sociedad democrática. Si el Gobierno no tiene nada que ocultar respecto a la gestión de sus funcionarios y los acuerdos privados denunciados en el caso Bazla, resulta inexplicable el esfuerzo financiero por desviar el foco de atención. 

La sospecha de corrupción es grave, pero el uso de fondos públicos para amordazar a la prensa y encubrir a los responsables jerárquicos convierte al silencio en una de las mercancías más caras de la provincia. Se paga para que hablen y se paga para que no hablen.