¿Cuál es el nuevo delito que se le endilgaría a los funcionarios implicados en El Caburé?

La causa judicial conocida como "El Caburé", que investiga el robo de una cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares bajo custodia estatal, ha sumado un nuevo y explosivo capítulo que complica aún más la situación de la primera línea de la gestión actual. 

A la ya pesada lista de imputaciones, se añade ahora el incumplimiento del artículo 28 de la Constitución de San Luis, una figura que genera una obligación funcional ineludible: el deber de vindicarse. 

Este precepto constitucional establece que todo funcionario a quien se le imputen delitos en el desempeño de sus funciones está obligado a acusar para limpiar su nombre, bajo pena de destitución. 

En este contexto, la mirada se posa sobre Víctor Endeiza, ex Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia. Según la querella, Endeiza tiene la obligación legal de presentarse y ponerse a disposición de la justicia para vindicarse, algo que hasta el momento no ha ocurrido, sumando así una nueva falta a su desempeño funcional.

El resto de los implicados y señalados (los hermanos Gonzalo y Diego Amondarain y Trombotto), también incurrieron en el incumplimiento a la Carta Magna. Deberían haberse presentado y pedir que se los investigue, tendrían que haberse puesto a disposición de la Justicia y limpiar sus nombres. Pero no lo hicieron.

El rol de Endeiza y la "omisión de denunciar"

La denuncia contra Endeiza es contundente: se lo acusa de encubrimiento agravado en calidad de autor. Los fundamentos señalan que, cuando se le corrió vista a la Fiscalía de Estado sobre las decisiones que permitieron el levantamiento del maíz, el funcionario habría dado un aval que da cuenta de su conocimiento sobre las maniobras fraudulentas. 

La querella sostiene que la Fiscalía tiene el deber de constatar la realidad de los hechos antes de autorizar tales movimientos; al no realizar la denuncia correspondiente pese a las irregularidades, el aval de Endeiza habría sido la llave para ejecutar el fraude.

Pruebas falsificadas y una trama de impunidad

La situación de Ricardo André Bazla, exsecretario de Ética Pública, también se ha agravado. Si bien la formulación inicial se centraba en la defraudación al Estado, los posteriores pedidos de la querella apuntan a una conducta mucho más compleja. 

Se señala que Bazla aceptó órdenes de levantar la cosecha sin derecho legal, amparándose en el Código Civil de manera errónea, ya que él mismo reconoció en medios públicos que el maíz podía ser ajeno, omitiendo verificar que la posesión del campo seguía legalmente en manos del particular afectado.

Además, se le recrimina haber salteado todos los procedimientos administrativos: no existió licitación para la empresa cosechadora, no hubo expedientes de pago, ni se protegió el cereal como bien del Estado. 

Por el contrario, la acusación detalla la posible comisión de peculado, evasión tributaria provincial (al diagramar junto a Diego Amondarain el traslado del maíz sin pagar tributos) y, lo más grave, la falsificación y utilización de instrumentos públicos. Se investiga la creación de un decreto (N.º 12) y un convenio con el Ministerio de Producción presuntamente apócrifos, introducidos en la causa para intentar alivianar la responsabilidad de los implicados.

Un cerco que se cierra

Con la coautoría funcional de Federico Trombotto (Ministro de Desarrollo Productivo) y el asesoramiento de Amondarain —cuyo hermano, el Ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain, también es señalado por el presunto blindaje político del grupo—, la causa El Caburé ya no solo discute el destino de una cosecha millonaria. Ahora, la justicia debe determinar si estos funcionarios abusaron de su autoridad, hurtaron bienes ajenos y utilizaron el aparato estatal para encubrir un delito que, según el artículo 28 de la Carta Magna provincial, los obliga hoy a dar explicaciones que todavía no aparecen.