Sapino votó el archivo de su propio proyecto para multar a quienes revisan la basura

La efímera trayectoria del proyecto impulsado por el concejal Lucas Sapino llegó a su fin apenas once días después de su ingreso. La propuesta, que buscaba incorporar sanciones económicas de hasta 480.000 pesos para quienes abrieran bolsas de residuos en la calle, fue enviada al archivo en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante. 

En un movimiento que capturó la atención de los presentes, el propio autor de la norma levantó la mano para votar a favor de desestimar su creación, sellando así el destino de una iniciativa que nació con una fuerte resistencia institucional y civil.

El dictamen de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, presentado por el concejal Fernando Revello, resultó determinante para este desenlace. El informe técnico calificó la propuesta como contradictoria respecto a los principios de intervención social y la política de acompañamiento a sectores vulnerables que sostiene la gestión municipal. 

Según el cuerpo, el texto carecía de viabilidad presente y futura, señalando además graves falencias en su aplicabilidad y una clara tendencia a la criminalización de la pobreza.

La presión social y sindical también jugó un rol clave durante la semana previa a la votación. Diversas organizaciones como la CTA Autónoma, el Frente Sindical y equipos de trabajo social de la UNSL manifestaron su repudio formal a la medida. 

Mientras el proyecto de Sapino perdía sustento, surgieron respuestas alternativas desde la ciudadanía, como el programa PROMSORA (presentado por Pablo Muract), que propone un enfoque basado en la solidaridad y la separación diferenciada de residuos en lugar del castigo monetario.

Incluso dentro de los sectores que suelen coincidir en el arco político, el rechazo fue contundente. La concejal Ana Stinga fundamentó su voto a favor del archivo destacando la responsabilidad de legislar sobre bases técnicas sólidas y realidades concretas. 

Para la edil, avalar una normativa calificada como inviable por los equipos técnicos del Cuerpo representaría un desprestigio para la institución legislativa, reafirmando que no se puede ignorar el carácter de revictimización que implicaba la sanción propuesta.

Con el archivo de esta polémica norma, el debate legislativo se desplaza ahora hacia propuestas de corte inclusivo. Tanto el proyecto ciudadano de Muract como la iniciativa presentada por la Juventud Universitaria Peronista (JUP) han sido girados a comisiones para su análisis.

Estas propuestas buscan abordar la problemática de los residuos desde una perspectiva de derechos humanos y dignidad, contrastando radicalmente con el enfoque punitivo que Sapino intentó implementar originalmente.

En términos políticos, quedó en evidencia una propuesta que intentó perseguir a quienes buscan sustento en la basura. El hecho de que el expediente fuera enterrado fuera de temario y con apartamiento de reglamento subraya la urgencia del cuerpo legislativo por cerrar un capítulo que generó malestar en la comunidad. La brevedad de la iniciativa, que duró poco más de una semana, quedará como un antecedente de los límites éticos y técnicos en la labor legislativa local.

Finalmente, la resolución del conflicto parece haber ordenado las prioridades del Concejo Deliberante frente a la crisis social. Mientras el proyecto que pretendía multar el hambre fue desechado por su propio impulsor, las alternativas orientadas a la organización de la solidaridad y la inclusión social continúan su curso administrativo en tres comisiones diferentes. 

El episodio cierra con una lección de realismo político: la inviabilidad de una norma que choca frontalmente con la sensibilidad humana y los principios básicos del derecho social.