Allanamiento en la Penitenciaría: el papelón histórico que desnuda una enorme crisis
Con 200 efectivos y un hermetismo asfixiante, el procedimiento marcó un hito de desconfianza absoluta. Mientras el Gobierno habla de "coordinación", la realidad muestra un territorio intervenido y una gestión que se desmorona entre sospechas y falta de control.
Lo que se vivió este miércoles en el Complejo Penitenciario N° 1 no tiene precedentes en la historia de San Luis. No fue un procedimiento de rutina, ni una requisa programada; fue un "desembarco" en toda regla. Gendarmería Nacional, con 200 efectivos llegados desde Mendoza y Córdoba, decenas de móviles y grupos especiales, "tomó" el control de un territorio que legalmente pertenece a la jurisdicción de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y de la directora del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli.
La imagen fue demoledora: la fuerza nacional interviniendo el corazón del sistema de seguridad provincial por una orden de la Justicia Federal que, en la práctica, suena a una bofetada de desconfianza.
La pregunta que flota en el aire es por qué la Justicia tuvo que traer dos centenares de gendarmes de otras provincias si el Gobierno local pregona una "gestión innovadora" en materia de Seguridad y se vanagloria como un equipo que lucha contra el crimen. La respuesta es evidente, aunque el oficialismo intente maquillarla: en San Luis, ya nadie confía en quienes deben vigilar a los vigiladores.
El relato del "convenio" frente al bochorno real
El comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad, publicado a las apuradas cuando el movimiento de tropas era imposible de ocultar, es un ejercicio de cinismo impensado. Intentaron vender el operativo como un "trabajo articulado" y un "convenio de cooperación". Sin embargo, las fuentes y la magnitud del despliegue sugieren lo contrario.
La investigación, a cargo del fiscal federal Cristian Rachid, apunta a lo más oscuro del sistema, donde presos por narcotráfico manejarían sus bandas desde adentro con total libertad. Pero lo más grave es la sospecha de connivencia, ya que el propio Gobierno tuvo que admitir que se busca establecer si el personal penitenciario funcionó como facilitador de estos delitos. En limpio, la Justicia investiga si el servicio que dirige Mantelli, bajo la órbita de Sosa, trabaja activamente para el crimen organizado.
Una gestión que acumula escándalos y sospechas
Este episodio no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una gestión que hace agua por todos lados. El humo de las capacitaciones y los cursos de la ministra Sosa se disipa frente a la realidad cruda de los últimos meses.
Cabe recordar el caso de Nancy Muñoz, viuda de Renato Fuentes, quien denunció abiertamente que a su marido lo mató la misma policía en un operativo en Cortaderas, señalando una estructura mafiosa interna.
A esto se le suma el reciente escándalo de la mujer policía que debió encadenarse en el Poder Judicial para denunciar excesos y arbitrariedades en un caso polémico que involucraba a su pareja.
Ahora, el allanamiento a la Penitenciaría corona esta serie de papelones. Que se intervenga una cárcel, donde el control estatal debería ser absoluto, es el reconocimiento tácito de que el Estado ha perdido el mando de sus propias instituciones.
Hermetismo, mordaza y blindaje mediático
Como ya es costumbre en esta administración, la información pública es un bien escaso. Mientras crecen los rumores de detenciones (al igual que un dato trascendido sobre un militar retirado que habría pasado por Terrazas del Portezuelo a instancias del hecho, quizá frente a posibles medidas), el Gobierno aplicó una mordaza informativa. Gendarmería no emitió informes, como suele ocurrir en este tipo de procedimientos para preservar la investigación. Pero la provincia se llamó a un silencio cómplice. La provincia debería dar mínimas explicaciones, pero parece que la brasa ardiente es más fuerte.
El blindaje mediático es total, con el canal estatal ignorando la magnitud del drama y limitándose a notas superficiales que nada dicen de los 200 gendarmes que caminaban por los pabellones.
Incluso la comunicación oficial fue manejada con torpeza, buscando controlar un daño que ya era total.
Hoy, la seguridad en San Luis es un decorado que se cae a pedazos. Mientras Sosa y Mantelli sigan intentando dibujar como una cooperación lo que fue una intervención federal por sospechas de corrupción, la sociedad seguirá preguntándose quién nos cuida de los encargados de la seguridad.
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