Apartan a tres funcionarios del Servicio Penitenciario tras el allanamiento de Gendarmería
Los oficiales Belén Amieva, Mauro Llanos y Pablo Barrios pasaron a disponibilidad con retiro de armamento y credenciales. Crece el hermetismo oficial; se esperan más movimientos.
El Servicio Penitenciario Provincial atraviesa sus horas más críticas tras confirmarse el pase a disponibilidad de tres funcionarios de la fuerza. Según fuentes vinculadas al Ministerio de Seguridad, los oficiales Belén Amieva, Mauro Llanos y Pablo Barrios, fueron apartados de sus cargos, medida que incluyó el retiro provisorio del arma reglamentaria y la credencial institucional.
La decisión surge como la primera réplica interna tras el escandaloso procedimiento federal que sacudió los cimientos del Complejo Penitenciario N° 1.
Lo ocurrido en la unidad carcelaria no tiene precedentes en la historia de San Luis. No se trató de una requisa de rutina, sino de un desembarco masivo de Gendarmería Nacional que, por orden de la Justicia Federal, tomó el control operativo del penal.
El despliegue de 200 efectivos provenientes de Mendoza y Córdoba, reforzado con decenas de móviles y grupos especiales, desplazó tácticamente a la jurisdicción local, dejando en una posición de extrema fragilidad política a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y a la directora del Servicio, Karina Mantelli.
El Gobierno impone un hermetismo total. La incertidumbre se traslada al resto de la oficialidad del Servicio Penitenciario, donde -según trascendidos- se aguardan más movimientos.
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