Intiman al municipio de Carpintería a rendir cuentas por los fondos de los carnavales

El conflicto por la transparencia en el manejo de los fondos públicos en Carpintería ha escalado al terreno legal. El dirigente social Guillermo "Willy" Braun formalizó mediante una carta documento una intimación dirigida al Ejecutivo municipal, exigiendo una respuesta inmediata sobre el uso de los recursos durante el evento de los carnavales y el marco legal que permitió el cierre del espacio público más importante de la localidad.

El reclamo se centra específicamente en el acto administrativo que autorizó el cierre de la Plaza Manuel Zalazar para dicho evento, la base legal para el cobro de entradas, la cantidad de tickets vendidos y el monto total recaudado. 

Braun solicita además la rendición detallada del destino de esos fondos, una información que, según denuncia, ha sido negada sistemáticamente por la gestión municipal.

La vía postal fue el último recurso utilizado tras una serie de intentos fallidos por los canales administrativos convencionales. Según consta en el documento enviado, el primer pedido de información pública fue presentado el 5 de febrero de este año y nunca fue contestado. 

Posteriormente, un "pronto despacho" intentado el 16 de marzo fue rechazado de manera indebida, lo que incluso motivó una exposición policial para dejar constancia de la negativa municipal a recibir el trámite.

En el cuerpo de la carta documento, el dirigente otorga un plazo perentorio de 48 horas para que el municipio brinde la información solicitada. El texto es tajante al respecto: de no mediar una respuesta oficial, se iniciarán acciones legales que incluyen un amparo por mora y las denuncias correspondientes por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Este caso ha generado una fuerte repercusión entre los vecinos bajo la consigna de una gestión transparente. 

Para la oposición y los referentes sociales locales, la falta de respuesta del municipio no solo vulnera el derecho al acceso a la información pública, sino que alimenta las sospechas sobre la administración de los recursos generados en eventos populares masivos. Por el momento, el Ejecutivo local mantiene el silencio.