Crimen de Renato Fuentes: la querella dice que el fiscal no quiere investigar a fondo

La audiencia por el crimen de Renato Fuentes sumó un capítulo de máxima tensión. Tras la prórroga de la prisión preventiva por 100 días, el abogado querellante Gustavo Reviglio lanzó duras acusaciones contra la fiscalía y amplió el foco hacia responsabilidades que, según sostuvo, están siendo ignoradas.

Reviglio pidió que se investigue al comisario, al jefe de unidad y a la ministra de Seguridad, al considerar que la muerte de Fuentes fue consecuencia directa de una cadena de omisiones. El punto más grave que expuso fue la falta de chalecos antibalas en la subcomisaría. “Estamos ante un caso de abandono de persona”, remarcó.

También puso bajo la lupa el rol de un efectivo de apellido Caro, al mencionar la importancia de su teléfono en la reconstrucción de los hechos, y advirtió sobre la posible participación de un tercer implicado que nunca fue investigado. En ese contexto, volvió a señalar a un hombre oriundo de Cortaderas como autor del hecho, tal como surgió de testimonios en la audiencia, entre ellos el de Juan Daniel "Ringo" Lescano, el acuado del crimen, alojado en el Servicio Penitenciario.

La querella solicitó ampliar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para sumar declaraciones y avanzar sobre las responsabilidades administrativas. La defensa, representada por Soledad Poma de Otaegui, se adhirió al pedido. Sin embargo, la fiscalía se opuso y sostuvo que su interés está centrado exclusivamente en el autor material.

El juez de Garantías Pinto rechazó la ampliación de la IPP, lo que motivó que la querella apelara la decisión. Ahora será el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes el que deberá resolver en los próximos días.

Para Reviglio, la negativa a investigar más allá del autor del disparo no es casual: “Hay una decisión de no ir a fondo”. Mientras tanto, la causa empieza a correr en dos carriles: el judicial, que avanza con un imputado, y otro que podría abrirse para determinar si hubo responsabilidades políticas y administrativas en una muerte que, según la querella, pudo haberse evitado.