Maité Reyna del Portugal seguirá detenida por estafa

El Tribunal de Impugnación ratificó de manera unánime la medida de coerción impuesta contra Mayte Reyna del Portugal Escudero, acusada de liderar una compleja red de estafas inmobiliarias en el Barrio Familia Unida. De esta manera, los magistrados Hernán Herrera, María Bocca y Marcelo Bustamante Marone confirmaron la decisión previa de la jueza de Garantías, Natalia Pereyra Cardini, manteniendo la detención de la mujer en el Servicio Penitenciario Provincial.

La defensa de la imputada había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria alegando presuntos problemas de salud. Sin embargo, el tribunal desestimó el planteo al considerar que no existen motivos suficientes para modificar la modalidad de detención y que persisten riesgos procesales insoslayables.

Riesgo de entorpecimiento y nuevas denuncias

En sus fundamentos, los jueces señalaron la "necesidad de proteger la investigación", advirtiendo que el proceso se encuentra en una etapa crítica. "Siguen ingresando denuncias y es probable que la imputada pueda llegar a influir en personas que actualmente están siendo investigadas, así como en testigos", indicaron los magistrados en el fallo que dejó firme la formulación de cargos.

Hasta el momento, la situación judicial de Reyna del Portugal se ha agravado progresivamente. Aunque la imputación inicial contemplaba 15 hechos, la aparición de nuevos damnificados elevó la acusación a 20 hechos de estafa en concurso real. No obstante, el fiscal de la causa, Leandro Estrada, advirtió que el número final de víctimas podría superar las 50 personas a medida que avance la instrucción.

La maniobra delictiva

Según la investigación fiscal, la imputada lideraba una maniobra de venta ilegal de terrenos municipales bajo la falsa figura de "cesión de derechos de posesión veinteañal". Los lotes, de aproximadamente 500 metros cuadrados, eran comercializados por valores que rondaban los 15 millones de pesos o 10.000 dólares cada uno.

Con esta resolución, la justicia local busca garantizar que la imputada no interfiera con la recolección de pruebas ni amedrente a los damnificados, en un caso que ha generado gran conmoción social en Villa Mercedes debido a la vulnerabilidad de las familias afectadas, quienes buscaban cumplir el sueño del terreno propio.