Del Vulpiani a El Caburé: el jury de Poggi contra una jueza que hoy le resulta incómoda

La ofensiva del gobernador Claudio Poggi contra la jueza Cynthia Fernández Paz merece una discusión mucho más profunda que la que intenta instalar el relato oficial. Porque detrás de la polémica regulación de honorarios en la causa del Parque Vulpiani no sólo está en juego una cuestión económica o procesal. También aparece un dato político imposible de ignorar: la magistrada tiene intervención en expedientes de enorme sensibilidad para el Gobierno provincial, entre ellos el conflicto de El Caburé, una causa que podría derivar en consecuencias económicas multimillonarias para el Estado provincial.
 

Por eso la discusión excede ampliamente los honorarios.
 

La posición oficial intenta presentar el caso como una reacción institucional frente a una resolución judicial supuestamente arbitraria. Sin embargo, la propia secuencia de los hechos expone contradicciones difíciles de explicar.
 

La regulación cuestionada no se encuentra firme. La Fiscalía de Estado utilizó los mecanismos previstos por la ley y obtuvo una resolución favorable de un tribunal superior que modificó aquella decisión. Es decir, el sistema judicial funcionó exactamente como corresponde: una jueza resolvió, una de las partes apeló y una instancia superior revisó lo actuado.

La pregunta entonces surge de manera inevitable. Si el fallo ya estaba siendo revisado por los canales institucionales correspondientes, ¿por qué la necesidad política de impulsar simultáneamente un pedido de remoción contra la magistrada?

La respuesta parece encontrarse fuera del expediente.

Y allí aparece El Caburé.

La jueza Fernández Paz no sólo intervino en la causa ambiental del Parque Vulpiani. También participa en expedientes que poseen una enorme relevancia política, institucional y económica para la administración provincial. Entre ellos se encuentra el conflicto vinculado a El Caburé, donde se discuten cuestiones patrimoniales que podrían derivar en una eventual responsabilidad económica multimillonaria para la Provincia.

Dependiendo de cómo se resuelvan algunos aspectos centrales de ese litigio, podría quedar determinada la existencia de derechos privados cuya afectación generaría consecuencias económicas de enorme magnitud para el Estado.

No es un detalle menor.

Mucho menos cuando el pedido de jury aparece impulsado antes de que se agotaran todas las instancias judiciales disponibles en la causa utilizada como argumento para cuestionarla.

Para comprender el trasfondo del conflicto hay que regresar algunos años atrás, cuando Claudio Poggi no era gobernador sino opositor. En aquel momento el proyecto del Parque Vulpiani se convirtió en una bandera política contra la gestión provincial de entonces. Diversos sectores impulsaron acciones judiciales para detener las obras y cuestionar los estudios ambientales realizados.

Entre quienes promovieron aquellas acciones se encontraba Romina Muzevich, quien posteriormente terminaría integrando el gobierno de Poggi y que hoy vuelve a aparecer vinculada al expediente que sirve de fundamento para el ataque contra la jueza.

Resulta imposible ignorar la paradoja. La causa que ahora es presentada como ejemplo de irregularidades fue, durante años, una herramienta política utilizada por el propio espacio que hoy gobierna.

En aquel entonces Fernández Paz no era cuestionada. Por el contrario, las decisiones judiciales que frenaban una obra impulsada por el gobierno de turno eran celebradas por quienes hoy denuncian a la magistrada.

Lo que cambió no parece haber sido la jueza.

Lo que cambió fue el gobierno.

Y es precisamente allí donde el conflicto adquiere una dimensión institucional preocupante.

Porque Fernández Paz también interviene en expedientes de alta sensibilidad institucional para la provincia. Entre ellos se encuentra el conflicto de El Caburé, donde se discuten cuestiones patrimoniales que podrían derivar en consecuencias económicas multimillonarias para el Estado provincial.

La acumulación de causas de semejante relevancia bajo la órbita de una magistrada que ahora enfrenta un pedido de remoción vuelve inevitable una lectura política del conflicto.

Más aún cuando fue el propio gobernador quien anunció públicamente la ofensiva en redes sociales.

Cuando un gobernador anticipa un jury contra una jueza por una resolución que todavía se encuentra bajo revisión judicial, el mensaje trasciende a la persona denunciada.

El mensaje llega a todos los magistrados.

La señal es clara: determinadas decisiones pueden tener costos que excedan el expediente.

No hace falta que exista una orden explícita. El efecto disciplinador aparece por sí mismo.

La situación se vuelve todavía más llamativa si se analiza el contexto político general. Mientras impulsa el jury contra Fernández Paz, el Gobierno provincial avanza simultáneamente en una profunda reestructuración de las áreas ambientales. La Secretaría de Ambiente desapareció del organigrama, organismos de control fueron reformulados y la administración comenzó a promocionar nuevas herramientas destinadas a facilitar inversiones y proyectos estratégicos.

Precisamente en ese escenario aparece bajo ataque la jueza que protagonizó uno de los fallos ambientales más relevantes de los últimos años y que incorporó criterios vinculados al Acuerdo de Escazú, estableciendo un antecedente inusual dentro de la justicia puntana.

La coincidencia temporal resulta demasiado evidente para pasar inadvertida.

Por supuesto que ningún juez está por encima del control institucional. Tampoco existe inmunidad frente a errores o decisiones equivocadas. Pero justamente para eso existen las apelaciones, las cámaras revisoras, el Superior Tribunal y la Corte Suprema.

Convertir una diferencia jurídica en una causal de destitución es un paso mucho más delicado.

Porque si mañana las instancias superiores terminaran confirmando criterios similares a los utilizados por Fernández Paz, quedaría expuesta una realidad incómoda: el problema nunca habría sido la interpretación jurídica aplicada sino la incomodidad política generada por sus decisiones.

Y allí aparecería la verdadera gravedad del asunto.

No estaríamos frente a una discusión sobre honorarios.

Tampoco solamente frente a una discusión ambiental.

Estaríamos frente a un intento de condicionar a una magistrada que interviene en causas donde se cruzan ambiente, dinero y poder político.

Y entre todas ellas, una sobresale por su magnitud y por los intereses en juego: El Caburé.

Por eso la pregunta de fondo no es si una regulación de honorarios fue correcta o incorrecta. La verdadera pregunta es si el jury apunta a sancionar un fallo o a disciplinar a una jueza antes de que deba resolver otros expedientes que todavía pueden generar dolores de cabeza al poder provincial.