De opositor ambientalista a denunciante de jueces

La denuncia presentada por la Fiscalía de Estado contra la jueza Cynthia Fernández Paz no puede analizarse únicamente desde la discusión sobre una regulación de honorarios. El contexto político en el que se produce obliga a observar una contradicción difícil de ignorar.

La causa ambiental del Parque Acueducto Vulpiani no nació de una iniciativa judicial espontánea. Surgió al calor de una fuerte oposición política y social contra una obra impulsada por la administración provincial anterior. En aquel momento, Claudio Poggi era candidato a gobernador y acompañó públicamente los cuestionamientos al proyecto. Incluso participó de acciones y reclamos que terminaron desembocando en los expedientes que hoy tramitan en la Justicia.

Entre quienes protagonizaron aquellas protestas y acampes en la zona del Vulpiani se encontraban personas que actualmente ocupan cargos en el Gobierno provincial, particularmente en áreas vinculadas al ambiente. El reclamo ambiental que entonces era exhibido como una expresión legítima de participación ciudadana se transformó, con el cambio de gobierno, en un problema institucional que ahora el oficialismo busca desactivar.

La paradoja es evidente. Los expedientes que hoy incomodan al Ejecutivo fueron impulsados por actores que formaban parte del mismo espacio político que actualmente gobierna la provincia. Lo que antes era presentado como defensa del ambiente y control ciudadano de la obra pública ahora aparece caracterizado como un obstáculo para la gestión.

En ese escenario, la figura de Fernández Paz adquiere una relevancia especial. No solamente intervino en la regulación de honorarios que motivó la denuncia, sino que además tiene bajo su competencia otros procesos sensibles para la administración provincial, entre ellos las actuaciones relacionadas con el acueducto destinado a abastecer de agua cruda a la planta potabilizadora de El Volcán y el expediente civil en torno a la posesión del campo de El Caburé.

Por eso la ofensiva trasciende la discusión jurídica. La denuncia, acompañada por declaraciones públicas extremadamente duras del gobernador, envía una señal que inevitablemente será interpretada dentro del Poder Judicial. Cuando el titular del Ejecutivo promueve el enjuiciamiento de una magistrada que interviene en expedientes sensibles para el Gobierno, el mensaje alcanza a todo el sistema.

La cuestión de fondo no es si una regulación de honorarios puede ser revisada o cuestionada. Para eso existen recursos y mecanismos procesales previstos por la ley. Lo que genera preocupación institucional es que la respuesta elegida sea la promoción de una denuncia de destitución contra una jueza que actúa en causas nacidas de reclamos impulsados por el propio espacio político hoy gobernante.

La historia reciente del conflicto Vulpiani muestra una curiosa inversión de roles. Quienes acudieron a la Justicia para frenar una obra cuando eran oposición, hoy cuestionan a la Justicia por las consecuencias procesales derivadas de aquellos mismos expedientes. Y en el medio queda una magistrada que deberá seguir resolviendo causas donde los intereses políticos y económicos del Gobierno provincial están directamente involucrados.

Más que una discusión sobre honorarios, lo que está en juego es la relación entre el poder político y la independencia judicial. Porque cuando una jueza que entiende en expedientes incómodos para el oficialismo pasa a enfrentar un pedido de destitución impulsado por ese mismo oficialismo, la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve institucional.