El Caburé, el agua y la campaña contra la jueza: las sentencias que buscan frenar

Antes que las sentencias, llegaron los titulares. Antes que las resoluciones judiciales, aparecieron las operaciones mediáticas. Y antes de que el Jurado de Enjuiciamiento resuelva la situación de la jueza que interviene en dos de las causas más sensibles de San Luis, ya está en marcha una intensa campaña pública destinada a erosionar su imagen y condicionar la legitimidad de sus futuras decisiones.

La secuencia es difícil de ignorar.

Mientras las causas de El Caburé y la contaminación del agua en El Volcán ingresan en su etapa final, se multiplican publicaciones que presentan a la magistrada como una funcionaria desacreditada, cuestionada o desautorizada por tribunales superiores. El objetivo parece evidente: construir un clima de condena pública antes de que se conozcan sentencias que podrían resultar incómodas para sectores del poder político, administrativo y judicial.

Fuentes judiciales consultadas por este medio sostienen que parte de esa estrategia se apoya en la difusión de información incorrecta o directamente falsa sobre expedientes que todavía se encuentran en trámite.

Uno de los ejemplos más recientes involucra la regulación de honorarios dictada en la causa Vulpiani. Diversos medios afines al oficialismo difundieron que la Cámara había "anulado" la resolución de la jueza, instalando la idea de un severo revés judicial.

Sin embargo, según una fuente con conocimiento directo del expediente, esa interpretación no se corresponde con lo resuelto por el tribunal.

De acuerdo con esa versión, la Cámara confirmó que la normativa aplicada era la correcta y no cuestionó el encuadre jurídico utilizado. Lo que ordenó fue dictar una nueva resolución considerando otras pautas para establecer el monto de los honorarios.

"La discusión no estuvo en la ley aplicada sino en los parámetros utilizados para cuantificar el monto", resumió la fuente.

La diferencia es sustancial. Mientras la versión difundida públicamente presentó el fallo como una derrota categórica de la magistrada, la lectura técnica indica que la cuestión central permanece vigente y que incluso podría volver a dictarse una regulación de relevancia económica, teniendo en cuenta criterios como la trascendencia económica del asunto debatido.

Para sectores del ámbito judicial, este episodio constituye una muestra del mecanismo de desgaste que se viene desarrollando desde hace meses. No se trataría solamente de cuestionar decisiones jurisdiccionales, sino de instalar una narrativa de descrédito permanente destinada a debilitar a la jueza antes de que dicte resoluciones de alto impacto.

Y es precisamente allí donde aparece la verdadera dimensión del conflicto.

Por un lado se encuentra la causa ambiental de El Volcán. El expediente contiene informes y pericias que describen riesgos para la salud de los habitantes y cuestionan posiciones oficiales que sostienen que la calidad del agua se encuentra dentro de parámetros normales. La causa podría derivar en órdenes judiciales de saneamiento y en responsabilidades estatales vinculadas al acceso al agua segura de toda una comunidad.

Por otro lado aparece El Caburé, un expediente cuyas conclusiones podrían tener consecuencias institucionales de enorme alcance. La causa analiza cuestiones relacionadas con la posesión de tierras, desalojos y actuaciones de organismos públicos. Algunas de las hipótesis que se discuten dentro del expediente podrían derivar en severos cuestionamientos sobre decisiones adoptadas por funcionarios y organismos estatales.

Lo llamativo es que ambas causas se encuentran próximas a sentencia.

La prueba ya fue producida. Las posiciones de las partes están definidas. El tiempo procesal que resta es el del dictado de los fallos.

Por eso la aceleración del Jury genera interrogantes que trascienden a la persona de la magistrada.

¿Por qué la urgencia de suspenderla ahora?

¿Por qué no esperar el desarrollo normal del proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento?

¿Por qué la necesidad de avanzar con una suspensión preventiva cuando los expedientes más sensibles de su juzgado se encuentran precisamente en la etapa previa a la sentencia?

La coincidencia temporal resulta imposible de pasar por alto.

Una eventual suspensión antes del dictado de los fallos tendría un efecto inmediato. Las resoluciones quedarían paralizadas o pasarían a depender de otro magistrado, retrasando causas que llevan años de trámite y que involucran reclamos vinculados al ambiente, la salud pública, la propiedad y la actuación de organismos estatales.

Más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan discutirse en el Jury, existe una preocupación institucional que comienza a instalarse en distintos ámbitos del Poder Judicial.

Si una jueza que está por resolver causas ambientalmente sensibles y políticamente incómodas es sometida a una campaña pública de desgaste y luego suspendida antes de dictar sentencia, el mensaje hacia el resto de los magistrados resulta inevitable.

La advertencia ya no recaería solamente sobre una persona.

Alcanzaría a cualquier juez que pretenda avanzar sobre expedientes donde se encuentran en juego intereses políticos, económicos o institucionales de relevancia.

Por eso el debate ya no gira únicamente alrededor del futuro de una magistrada.

Lo que está en discusión es si los jueces de San Luis pueden dictar sentencias independientes en causas sensibles o si primero deberán evaluar las consecuencias personales que puede tener hacerlo.

Y esa respuesta comenzará a conocerse cuando ocurra una de dos cosas: que las sentencias finalmente sean dictadas o que la suspensión llegue antes que los fallos.