Imputados contraatacan: la defensa de Páez acusó a Pedro Canali de buscar intervenir GEPU

Después de varios días de silencio, la defensa del presidente de GEPU, Néstor Hugo Páez, salió a responder con dureza las acusaciones que derivaron en la imputación del dirigente, su esposa, su hija y su yerno por presunta administración fraudulenta y hurto. En una conferencia de prensa realizada en el centro de la cancha de básquet del club, los abogados Adriel Cabello y Hugo Scarso rechazaron cada uno de los cargos, denunciaron una supuesta operación para desplazar a las actuales autoridades y apuntaron directamente contra el exministro Pedro Canali, a quien responsabilizaron de intentar recuperar el control institucional de la entidad.

La causa investiga una presunta maniobra mediante la cual fondos provenientes de cuotas sociales, alquileres de canchas y otras actividades del club habrían sido desviados hacia cuentas ajenas a la institución para solventar gastos particulares. Los imputados son Páez; la tesorera del club, María Alejandra Ferrari; la vocal Florencia Páez Ferrari; y el presidente de la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU, Ángel Federico Miranda Delicia.

Lejos de limitarse a negar las acusaciones, la defensa eligió pasar a la ofensiva. Cabello sostuvo que durante los últimos días sólo se difundió "una versión sesgada" de los hechos y explicó que decidieron convocar a la prensa para exponer la posición de la actual conducción. Incluso eligieron hacerlo en un lugar cargado de simbolismo: la cancha de básquet del club y con referencias a la histórica pileta de natación, cuya demolición atribuyeron a quienes hoy aparecen como denunciantes.

Pero fue Scarso quien elevó el tono del enfrentamiento. El abogado aseguró que Pedro Canali es el verdadero responsable de la maniobra judicial y reveló que ya presentó una denuncia por presunta asociación ilícita, la cual será ampliada en los próximos días con nuevos elementos surgidos durante la auditoría que realiza la comisión directiva.

Según explicó, la revisión de la documentación dejó al descubierto faltantes de dinero, ausencia de comprobantes, actas presuntamente adulteradas, operaciones patrimoniales bajo sospecha y movimientos económicos que, a su criterio, comprometerían a la gestión anterior.

"Esto recién empieza. Todos los días aparecen hechos nuevos. Hay documentación que falta, recibos que no están, movimientos que no tienen respaldo y una estructura perfectamente organizada que manejó el club durante años", afirmó Scarso.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la utilización de una cuenta de Mercado Pago vinculada al número telefónico de Florencia Páez Ferrari. Sobre esa cuestión, Cabello aseguró que la cuenta nunca fue personal y explicó que fue creada en 2018, cuando Pedro Canali presidía el club, utilizando el número de teléfono de Florencia únicamente como requisito para habilitar la plataforma.

Según sostuvo, la cuenta siempre estuvo vinculada al CUIT institucional y era utilizada para las operaciones del club. Incluso aseguró que dentro del expediente existen registros de transferencias realizadas por el propio Canali hacia esa cuenta, por lo que consideró "maliciosa" la interpretación de que se trataba de una cuenta privada destinada a ocultar dinero.

La defensa también rechazó publicaciones periodísticas que hablaban de un supuesto desvío de 4,5 millones de pesos desde la Escuela Generativa hacia una cuenta personal. Cabello aseguró que se trató simplemente de una transferencia entre cuentas pertenecientes a la propia escuela para afrontar gastos de funcionamiento y remarcó que esa institución posee una administración independiente del club y está sometida a controles del Ministerio de Educación.

Scarso, por su parte, aclaró que aceptaron la formulación de cargos porque entienden que corresponde que la Fiscalía investigue, aunque remarcó que ello no significa que exista un delito. También destacó que la jueza rechazó el pedido de la querella para imputar a la familia Páez por asociación ilícita y descartó medidas como la prisión preventiva o la prohibición de acercamiento al club.

Para la defensa, el verdadero trasfondo de la causa no es penal sino político e institucional. Ambos abogados sostuvieron que el grupo que encabezaba Canali perdió completamente el control de GEPU luego de las elecciones de septiembre de 2025 y ahora busca regresar mediante una intervención judicial.

En ese contexto, anunciaron que la comisión directiva presentará una ampliación de la denuncia ya radicada ante la Justicia. Según adelantaron, incorporarán nuevas pruebas sobre presuntas irregularidades detectadas en el manejo económico del básquet y de otras disciplinas, donde aseguran haber encontrado documentación faltante, movimientos sin respaldo y maniobras que consideran de gravedad.

Como parte del proceso de reorganización, también informaron que buscan concentrar todos los recursos del club en una única cuenta bancaria del Banco Nación para transparentar el movimiento de fondos y evitar que vuelvan a repetirse mecanismos de administración como los que —afirman— existieron durante la conducción anterior.

Mientras la investigación penal avanza y la Fiscalía reúne pruebas para determinar si existió o no administración fraudulenta, el conflicto dentro de GEPU parece haber dejado de ser exclusivamente judicial. La conferencia dejó en claro que la disputa por el manejo de una de las instituciones deportivas más importantes de San Luis también se libra en el terreno político, con acusaciones cruzadas, denuncias recíprocas y un enfrentamiento que promete profundizarse en los tribunales.