Liberaron a la mujer acusada de estafar a 28 familias con terrenos
Mayte Reyna del Portugal Escudero dejó la cárcel tras vencerse la prisión preventiva. Fiscalía y Municipio apelaron la decisión y buscan que vuelva a prisión.
La Justicia de Villa Mercedes dispuso la liberación de Mayte Reyna del Portugal Escudero, la mujer imputada en una causa que investiga la presunta estafa a 28 familias mediante la venta ilegal de terrenos estatales en el barrio Familia Unida.
La decisión fue tomada por la jueza Natalia Pereyra Cardini luego de que venciera el plazo de la prórroga de la prisión preventiva. El fiscal Leandro Estrada había solicitado otros 40 días de detención para la acusada, pero el planteo fue rechazado.
Pese a abandonar el Servicio Penitenciario Provincial, Reyna del Portugal Escudero continuará sometida al proceso penal y deberá cumplir una serie de medidas.
La magistrada le prohibió salir de la provincia de San Luis y le ordenó fijar domicilio permanente en Villa Mercedes. Además, deberá presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal y no podrá mantener ningún tipo de contacto con los demás involucrados en la causa ni con las familias damnificadas.
La resolución provocó la reacción de la Fiscalía y de la Municipalidad de Villa Mercedes. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el equipo legal del Municipio interpusieron recursos de revisión ante el Colegio de Jueces.
Ahora será ese tribunal el que deberá analizar la decisión de Pereyra Cardini y resolver si mantiene la libertad de la imputada o si hace lugar a los planteos y ordena que vuelva a prisión.
El engaño en Familia Unida
La investigación intenta determinar cómo Reyna del Portugal Escudero habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos ubicados en un predio de 16 manzanas del barrio Familia Unida.
El punto central de la acusación es que esas tierras no le pertenecían.
De acuerdo con lo incorporado al expediente, los terrenos son propiedad del Estado. Habían sido adquiridos por la Municipalidad de Villa Mercedes y posteriormente cedidos a la Provincia de San Luis para la construcción de viviendas sociales.
Pese a esa situación dominial, la mujer habría ofrecido y vendido parcelas dentro de ese predio a 28 familias.
Los damnificados entregaron dinero por terrenos sobre los cuales, según sostiene la investigación, la acusada no tenía derechos para disponer. Ahora, mientras la causa continúa y la Justicia revisa su situación procesal, las 28 familias siguen esperando una respuesta por las tierras que compraron y que legalmente nunca estuvieron en manos de quien se las vendió.
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