Preocupación por el retraso en pagos y aranceles en el sistema de discapacidad

El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa un momento crítico en todo el país, marcado por la persistencia de demoras financieras, aranceles que corren por detrás de la inflación y el consecuente peligro de interrupción en tratamientos fundamentales.

Terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y transportistas se encuentran en la primera línea de un conflicto que golpea tanto a los trabajadores como a las familias que dependen de una cobertura sostenida. 

El núcleo del problema radica en una cadena de pagos sumamente lenta que involucra a obras sociales, prepagas y organismos nacionales, obligando a los prestadores a solventar de su propio bolsillo la atención durante meses sin percibir los haberes correspondientes.

A este panorama se le adosa la falta de actualización real en los valores del nomenclador, lo que vuelve insostenible el mantenimiento de consultorios, alquileres, insumos y traslados cotidianos. 

En el ámbito local, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) advirtió que la provincia no está ajena a este colapso sistémico. Natalia Torre, secretaria de Discapacidad del gremio, remarcó que las dificultades económicas de los profesionales derivan de forma directa en un deterioro de la calidad institucional y de los espacios terapéuticos.

Cabe recordar que, ante la extrema morosidad en la llegada de fondos nacionales vinculados al programa Incluir Salud, el Gobierno puntano debió intervenir con asistencia financiera propia para evitar un apagón prestacional absoluto. 

La tensión recae sobre la vigencia de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicha normativa fue ratificada por el Congreso con dos tercios de los votos tras el veto del Ejecutivo, estableciendo la emergencia hasta fines de 2026 y obligando a Nación a garantizar fondos suficientes, actualizar aranceles y cancelar las deudas pendientes con el sector. Sin embargo, desde los gremios denuncian que las obligaciones legales continúan incumplidas. 

Desde la perspectiva de las organizaciones sanitarias, la crisis excede lo meramente económico. Los tratamientos en discapacidad exigen regularidad y continuidad en el tiempo; por lo tanto, cualquier freno o caída en las prestaciones impacta de forma directa en los pacientes, provocando en muchos casos retrocesos irreversibles en procesos terapéuticos construidos a lo largo de años. 

Garantizar los derechos de las personas con discapacidad exige, como contrapartida ineludible, asegurar condiciones laborales y presupuestarias dignas para quienes sostienen el sistema día a día. La normalización inmediata de los pagos y la aplicación estricta de la ley vigente se han convertido en urgencias que no admiten más dilaciones. 

Con datos de La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA)/Redacción.