Pidieron a la Justicia que investigue la firma de Ponce

El Concejo Deliberante de San Luis girará al Poder Judicial todas las actuaciones recolectadas por la Comisión Investigadora sobre la supuesta firma apócrifa del intendente, Enrique Ponce, en el decreto que vetaba una ordenanza de 2013.

“Si se comprueba que la firma es trucha, no tenemos conflictos de intereses por eso, es una demanda absurda. En todo caso los conflictos son internos de la Municipalidad”, comentó Sergnese.

Así lo decidió el cuerpo en una votación realizada ayer con nueve positivos y cuatro negativos, todos del bloque Frente para la Victoria.

Los ediles resolvieron enviar el expediente a la Justicia debido a que el intendente jamás respondió personalmente a los pedidos de la comisión aunque sí lo hizo por escrito a través de su secretario de Gobierno, Federico Cacace, y en otras tres oportunidades de forma verbal por medio del propio Cacace y del secretario Legal y Técnico, Carlos Vilche.

En Tribunales ya saben de las dudas sembradas en la signatura del jefe comunal desde el 21 de mayo cuando la Presidencia del Legislativo contestó a la demanda interpuesta por el intendente por usurpación de facultades o como reza legalmente: “Conflicto de poderes”.

Ponce consideró que avasallaron sus facultades con la sanción de una ordenanza, el 29 de agosto de 2013, que lo obligaba a extender la red de cloacas al pasaje Santa Rosa entre la avenida Julio Roca y calle Buenos Aires, en la zona oeste de la ciudad. Lo rechazó con el decreto 1.011, del 12 de setiembre, que llevaba la rúbrica cuestionada pero finalmente el Concejo dejó firme la norma gracias al acompañamiento de una mayoría especial.

Durante la sesión, los legisladores dijeron estar cansados de este vericueto y pidieron una definición.

El representante del Frente Progresista Cívico y Social, Francisco Guiñazú, sostuvo la importancia de llevarle los servicios a los sectores más humildes de la ciudad y solicitó que la obra se concrete lo antes posible. “Esto hace a la transparencia republicana. No se puede dilatar más”, aseguró.

Mientras que el concejal de Compromiso Federal, Marcelo Amitrano, opinó que la firma es falsa y dijo que es “grave” que en un organismo público sucedan estos problemas. “Sólo buscamos saber si alguien le firma a Ponce o lo hacen a sus espaldas”, agregó su par, Sandra Barroso.

“Tanto Cacace como Vilche siempre evadieron las preguntas concretas y directas de si esta firma es o no de Ponce. Ninguno de los dos supo contestar”, contó el concejal de Compromiso Federal, Delfor Sergnese.

Según el edil, los funcionarios aseguraron que el procedimiento es inviolable, "pero vimos que utilizan todas hojas sueltas que encuadernan un año después y creemos que pudieron ser cambiadas.

Quizás el intendente no sabe que de las cuatro copias de la ordenanza, tres la tienen ellos y una, nosotros”, agregó.

Los concejales no quedaron satisfechos con las vagas respuestas entonces le pidieron que a través de una nota, brinde algunas aclaraciones. Sólo contestó dos, ambas por medio del secretario de Gobierno, y jamás respondió al pedido del Concejo a que él elija un perito para corroborar el garabato.

“Creo que Ponce tiene la respuesta, él sabe si firmó o no. Tenía todas las garantías y herramientas para contestar con simpleza. Si no es su firma está obligado a realizar la denuncia y si llega ser la de él, la debe reconocer. El intendente guarda un sospechoso silencio sobre todo cuando tiene una obligación institucional”, sostuvo Sergnese.

El concejal dijo que “Bazla fue el abogado que interpuso la demanda en la Justicia y ahí, me parece, que hay un indicio de por dónde va la falsificación. Él lo metió a Ponce en este problema”.

“Si se comprueba que la firma es trucha, no tenemos conflictos de intereses por eso, es una demanda absurda. En todo caso los conflictos son internos de la Municipalidad”, comentó Sergnese.

La primera vez en la Justicia En la respuesta de 15 hojas que alcanzó en mayo la Presidencia del Concejo a la Justicia, acompañó dos decretos, uno con una firma que parece auténtica y otra que, a simple vista, asemeja ser falsa. Esa presunción fue avalada por el perito caligráfico Christian Levingston que contrató Zulema Rodríguez Saá.

La Municipalidad cuestionó al perito porque supuestamente no estaba habilitado para ejercer la profesión pero en realidad el joven se recibió en setiembre del año pasado y en julio de este año obtuvo el título. Para despejar esas dudas, los ediles consideraron que el Poder Judicial tiene peritos imparciales para investigar.