Hay que revisar bien las boletas o las facturas. Este consejo está aún más justificado en estos días ya que han surgido casos de cargos adicionales que no son legales en tarjetas de crédito para las personas que deban más de un resumen. El diputado provincial del PRO, Bartolomé Abdala, realizó ayer una presentación en el Subprograma de Defensa del Consumidor para denunciar este problema, del que ya recibió varias quejas de los usuarios.
Los usuarios que no estén de acuerdo con la aplicación pueden rescindir el servicio.
El antecedente inmediato es por una empresa que tiene su sede en San Martín antes de llegar a 9 de julio, que comenzó a aplicar a un cliente un cargo administrativo por los atrasos en el pago del resumen. Así le ocurrió a un usuario que a partir de la factura del 25 de abril ya le sumaron el adicional y que recibió una carta de la compañía donde le detallaban las nuevas medidas.
Esa facturación se realiza por períodos mensuales, figura en el resumen de cuenta con la leyenda “cargo por gestión de cobranza” y su monto depende de la cantidad de gestiones realizadas, hasta alcanzar el máximo de 50 pesos más IVA mensuales.
En el comunicado, la compañía autoriza a los usuarios que no estén de acuerdo con la aplicación del nuevo adicional a rescindir el contrato de tarjeta de crédito, aunque advierte que deberá cumplirse con las obligaciones pendientes contraídas con la empresa.
“Estos cargos punitivos exceden a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y por eso, iniciamos un expediente para que el Subprograma esté alerta. Éste es un momento económico difícil para el país en donde puede haber alta morosidad por parte de los asalariados y por eso, no queremos que se cobren otros cargos que no estén en las normativas. Las empresas también tienen una responsabilidad y saben que puede haber riesgo de demora en el pago cada vez que otorgan una tarjeta”, comentó Abdala, que ayer al mediodía presentó el escrito junto a su patrocinante, Carlos Pereira (hijo). El diputado provincial explicó además, que muchas veces la tasa de interés que imponen las empresas excede a los que está permitido por el Banco Central.
“El texto de la ley es esclarecedor en cuanto a los tipos y montos de cargos administrativos o de permanencia en el sistema que deben constar en el contrato de emisión de tarjeta de crédito. Entre estos se encuentran diferentes tipos, pero en ningún caso alguno relativo al cargo por gestión de cobranza”, explicó.
Estos cargos “disfrazados” en tareas administrativas no son únicos de las tarjetas de crédito.
“Es prudente que los funcionarios estén alertas y que hablen con las empresas y así cuidar a los usuarios de San Luis”, dijo el abogado, quien explicó la meta que tiene su presentación para que el cobro de adicionales no se generalice.
El jefe del Subprograma de Defensa del Consumidor, Darío Crivello, comentó que las personas que sufran estas irregularidades y quieran sentar un reclamo, pueden hacerlo en las oficinas del tercer piso del edificio Capital de Terrazas del Portezuelo. Tras la presentación, se forma un expediente para investigar.
“En estos casos, con el sumario se llama a una audiencia conciliatoria entre el denunciante y el denunciado para que la empresa de tarjeta de crédito fundamente por qué ejecuta esa liquidación y luego, nos toca la tarea de determinar si hay o no una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor”, concluyó Crivello.
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