Este año, a la tradicional entrega de computadoras, kits de robótica, juegos para Nivel Inicial, bicicletas y todo lo que idea el Gobierno para mejorar la calidad educativa se sumó un librito de 30 páginas que quizá no llame tanto la atención como el Plan TuBi o el modelo digital, pero que es de fundamental importancia para el alumno y su familia.
La consigna es no entrar con mano dura, sino a través de la convicción en los alumnos.
Se trata de la Guía de Buenas Prácticas para el Abordaje de la Violencia en el Ámbito Escolar. Cada maestro de la provincia, sea de escuela pública o privada, va a tener uno para saber cómo actuar en casos de complicada resolución que no se limitan sólo al ‘bullying’, sino también a aquellos que muchas veces el niño arrastra desde la casa.
“El protocolo es una herramienta natural para poder indicar cuál es el camino a seguir para detectar casos, pero principalmente para intervenir la violencia en las escuelas, porque no alcanza con enterarse, hay que actuar”, dice Estela Bustos, jueza de Familia con su amplia experiencia en el tema. Comenzó a trabajar en la elaboración de las normas en 2011 con un objetivo claro: “Acordar indicaciones claras, precisas y accesibles a todo el sistema educativo provincial para detectar de manera temprana y también actuar igual”. Bustos fijó un lema: ‘Tener una educación en y para la paz’.
El principio básico que fijaron los autores es que la escuela debe trabajar con los chicos desde la "no hostilidad", escuchándolos y acordando con ellos. “No entrar con la mano dura, sino a través de la generación de una convicción sobre que en la escuela tienen una esperanza para poder superarse y ser cada día mejores”, dice Marcelo Sosa, ministro de Educación.
Lilia Novillo, ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), escribió el prólogo de la guía. Reconoce que fue a partir de la implementación del programa “Jueces en la Escuela” que advirtieron el fuerte contacto que existía entre la violencia social y la escolar, por lo que estaba involucrada la sociedad en su conjunto. “Llegamos a esta conclusión con los datos que surgieron de ese programa y los aportes de las charlas debates que impulsó Educación con la participación de programas de otros ministerios, la Policía y los propios docentes, que expresaron sus inquietudes a través de los supervisores”, cuenta.
De todas maneras, Novillo aclara que “la propuesta de la guía es orientadora, la escuela tiene autonomía normativa como para construir nuevas herramientas y estrategias de abordaje para los conflictos internos”. Siempre es vital la participación de los docentes, que son los primeros en detectar y prevenir situaciones debido al contacto diario con los chicos y sus problemas. Novillo advierte que el protocolo no es definitivo: “No perdamos de vista que se puede reformular total o parcialmente si su aplicación cotidiana refleja que no responde a nuestra realidad”.
La faceta legal en la que se ampara la guía es variada. Está el artículo 75 (inciso 22) de la Constitución Nacional, que incorpora con rango constitucional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. También la Constitución de San Luis (artículos 13 y 14), el Código de Procedimiento Penal de la provincia (artículos 85 y 88) y la Ley de Violencia Familiar aprobada en 2004, que en su artículo 2º obliga a denunciar los hechos ante el Ministerio Público cuando se trata de menores.
La guía contiene una ficha que deben llenar los docentes en caso de una denuncia o la detección de un caso que podría involucrar un hecho de violencia. Es una página troquelada en la que hay que volcar los datos de la escuela, una breve descripción de los hechos, marcar con tilde la persona que comunica el caso (padre, profesor, alumno, familia, anónimo) y la posible tipificación de la violencia detectada, que es muy amplia, ya que puede ser física, psicológica o social, un caso de abuso sexual, bullying, deterioro de pertenencias de la víctima, hurto o robo, uso de armas o de objetos cortantes. Finalmente, hay que identificar a la víctima con nombre y apellido, documento, edad, domicilio y una breve descripción del grupo conviviente.
Bustos pide tener muy en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima. “Es posible que se sienta avergonzado, culpable y retraído, y a la vez estar enojado, con rabia y muy irritable. Si no conoce sus derechos va a estar confundido y con dudas, suelen ser niños que no controlan sus emociones. Allí juega un papel clave el adulto, que debe ser capaz de reconocer e identificar las situaciones de violencia en sus diversas formas. Tiene que ayudar a disminuir el sufrimiento, minimizar las secuelas, mostrar actitudes verbales y corporales acogedoras, un trato digno, respetuoso y sensible, ser neutral y no expresar juicios de valor acerca de lo sucedido”.
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