Zabala Chacur: "Estamos ahorrando para poder pagar la deuda que nos dejaron"

“Lo que sucedió es simple: se gastó más plata de la que ingresó". La frase de la ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur sintetiza el escenario económico que enfrenta la administración provincial, que por estos días se encuentra en la necesidad de cubrir un gasto excesivo que hizo la  gestión de Claudio Poggi que terminó el 10 de diciembre. La ministra habló con El Diario de la República y explicó el panorama con que se encontró en las cuentas provinciales y cómo en los primeros 15 días el nuevo gobierno ha tenido que hacer malabares para hacer frente a las obligaciones pendientes que aparecieron.   
 

"Lo que sucedió es simple: se gastó más plata de la que ingresó"

—¿Qué fue lo primero que hicieron apenas recibió la administración?
—Cuando llegamos al Ministerio de Hacienda  lo primero que hicimos fue analizar el sistema contable que es el que tiene registrado todos los movimientos económicos que realiza la administración pública. Pedimos diferentes informe. El primero que pedimos, que se llama Ahorro–Inversión–Financiamiento,  refleja un detalle de todos los recursos que se recibieron en un período de tiempo y todos los gastos que se hicieron, de productos o servicios que contrató, con la obligación de hacer el pago. A través de este procedimiento saltó el déficit, al 30 de noviembre, de  más 734 millones de pesos. Se gastó más plata de la que ingresó.

—Es una especie de primera “radiografía” de las finanzas públicas…    
—Sí, es una foto que yo miro para saber en qué estado recibimos las finanzas. Y el estado que arroja ese informe al 30 de noviembre es un déficit de 700 millones de pesos. Es decir que entraron recursos por una cifra menor que los gastos que se habían devengado. Es como sucede en una economía familiar: si una persona recibe un sueldo de 10 mil pesos y al final del mes tiene que pagar cuentas por 15 mil pesos, hay un déficit de 5 mil pesos. Es una cuenta que es automática y que hace el Estado en  base al dinero que entró y lo que salió.

—¿Qué medidas tomaron a partir de conocer este déficit? 
—Para ejecutar los gastos el Estado se maneja con lo que se llama “programación financiera” que se realiza todos los meses. Entonces en función de los gastos que cada unidad ejecutora va realizando se programa financieramente para que el Estado disponga de los recursos para hacer frente a los gastos. El nuevo gobierno entraba el 10 de diciembre y, supuestamente, los pagos de noviembre deberían haber estado cancelados. Pero nos encontramos con que la programación financiera de noviembre no estaba cancelada y teníamos gastos que ya estaban con la orden de pago, para que Tesorería emitiera el pago, pero estaban retenidos, frenados y no debitados. Entonces no podíamos habilitar la programación financiera de diciembre sin antes dar cumplimiento a la de noviembre, que debería haber cumplido la gestión anterior. Gran parte de esos gastos, que estaban en Tesorería para pagar y no se había pagado, correspondían a la obra pública. 

—¿Por qué esos pagos estaban frenados y no se habían realizado? 
—Venían postergando pagos. En el Estado había fondos, pero también recibimos deudas. Es decir recibimos fondos pero también hay que decir que recibimos deudas. Financieramente ha habido una especie de bicicleta: la programación de noviembre estaba en Tesorería, pero no efectivizada. Esto no significa que eran sólo pagos de noviembre, sino que se habían ido postergando pagos de meses anteriores y acumulando en  Tesorería. El criterio para definir qué pagos salían no ha sido un criterio social, sino más bien financiero para que los números cerraran, para no llegar a un rojo en el banco. Creo que la idea fue mostrar que se entregaba una determinada caja pero se “escondieron” las deudas.  La deuda no es una deuda fácil de dejar “frenada” ya que uno no puede demorar el pago de la obra pública porque es un motor que genera ingresos y mueve la economía de la provincia. Tampoco se puede frenar la parte de Salud o DOSEP porque hay enfermos y gente que necesita que esos servicios funcionen. Esto es clave a la hora de tomar una decisión política sobre qué pagar, ya que siempre hay que ver qué impacto tiene en la economía provincial.

—¿En cuanto a la composición de la deuda se puede decir que obra pública y Salud serían los más afectados?       
— Sí, es donde más deuda encontramos y no debería haber sido así. Uno puede postergar el pago, por ejemplo, del alquiler de una pantalla para un acto. Pero no puede hacerlo con el prestador del servicio de salud o una obra pública porque el efecto que genera es un retraso, es importante. Lo que hicimos una vez que encontramos esa deuda fue que empezamos a priorizar los pagos, pero con un enfoque social que es el que el gobernador Alberto Rodríguez Saá siempre ha tenido y nos ha pedido a nosotros que prioricemos.  

—¿Cómo se venían haciendo los pagos a las constructoras? 
—La Ley de Obras Públicas establece que se puede pagar dentro de los 60 días de la emisión del certificado de obra. Pero se venía pagando a 60, 80 o más días. Había obras que como no se podían hacer efectivos los pagos dentro de los 60 días, a veces, usaban mecanismos para postergar otros 30 días. Este escenario obligaba a las empresas constructoras a salir a financiarse en el sector privado. 

—¿Cómo enfrentaron esa situación?

—En diciembre pagamos certificados de obra de octubre, en enero haremos lo propio con los de noviembre y en febrero los de diciembre. Eso quiere decir que el Gobierno tendrá que usar dinero de 2016 para hacer frente a gastos que la anterior administración hizo en 2015. Para que quede claro: la provincia va a pagar por los certificados de obra de 2015 con plata del año 2016 porque no hay plata de 2015.  

Lo que priorizamos inicialmente, y las constructoras estuvieron de acuerdo, fue el pago para hacer frente a sueldos y aguinaldos. Entonces financieramente acomodamos en diciembre el pago de los certificados de obra que se deberían haber pagado en noviembre y así garantizamos también el pago del sueldo y aguinaldo de los trabajadores de la construcción.   En Salud también priorizamos los pagos porque teníamos prestaciones al borde del corte como los servicios al Hospital Garrahan, insumos, medicamentos oncológico e incluso el servicio de comida que tiene el Hospital.

En el Gobierno también tuvimos que hacer frente al aguinaldo y sueldos de toda la administración pública y luego de haber acomodado financieramente el mes de diciembre se otorgó el bono de fin de año, principalmente porque entendemos que, además de ser un reconocimiento para los empleados, la inflación ha deteriorado el bolsillo de todos y va a generar un impacto a nivel comercial. Los comercios están esperando esta época del año para que aumente el consumo y sus ventas. Los empleados públicos reciben su bono que lo gastan en los comercios que, a su vez, paga impuestos y la recaudación aumenta. Es un círculo virtuoso que a la larga nos traerá beneficios. Pero la situación de hoy es complicada. A las empresas constructoras les tenemos que pagar unos 369 millones ahora en diciembre, otros 200 millones en enero y otros 100 millones en febrero. A eso hay  que agregarle otro factor: por una cuestión de funcionamiento del propio Estado las casas se calculan para que finalicen y se entreguen en marzo, abril o mayo no en diciembre. Esto es debido a que al Estado se le complica por una cuestión operativa licitar nuevas obras en períodos donde cambia el presupuesto como diciembre o enero. Si uno recuerda las grandes entregas de vivienda de Adolfo se hacían  en abril, mayo o junio. No se entregaban en diciembre porque si no tener los meses de enero, febrero y el mismo diciembre con un menor empleo en el sector de la construcción. Y hay una realidad también vinculada a ese tema: hoy no hay una continuidad de la obra pública. El escenario es difícil ya que estamos en momento donde tenemos que mitigar el gasto pero a la vez tenemos que reactivar la obra pública también. Y reactivar la obra pública es mucho más “caro” para el Estado ya que para iniciar los trabajos a las empresas constructoras se les hace un anticipo financiero del 20%. Iniciar muchas obras a la vez para reactivar la obra pública implicaría un desembolso importante y es distinto a la situación en donde la obra pública no se ha detenido y se va licitando periódicamente.  

—¿La Sapem constructora y las empresas que contrataba están en la misma situación?

—La Sapem Constructora tenía un objetivo que era ser regulador de precios y el otro que era hacer frente a obras que por sus dimensiones los procesos de licitación se hacían costosos y prolongados. Por ejemplo, para una obra de 100 mil pesos es mucho más sencillo contratar a través de la Sapem y que a su vez subcontratara a pequeñas empresas que hicieran esos trabajos. También hay reclamos de esas pequeñas empresas, pero son volúmenes más pequeños.

—¿Hay una proyección de cuándo se podrían equilibrar las cuentas?

—Primero vamos a tener que contener el gasto y hacer un ahorro para pagar deudas pasadas.  Esa contención del gasto que no hubo a lo largo de todo 2015 es lo que se va a tener que hacer en los primeros meses de 2016 para poder equilibrar la provincia. Un ingrediente adicional es que a nivel nacional tenemos un cambio de gobierno con nuevas medidas económicos, algunas aun no definidas del todo. Esto puede complicar o mejorar el escenario.

—¿Hay algún organismo del Estado que podría haber advertido sobre esto?¿Qué función le cabe al Tribunal de Cuentas?

—El Tribunal lo que hará es auditar la gestión anterior. Hay que analizar la cuenta de inversión, mirar en dónde hubo sobre ejecución o sub-ejecución. Nosotros aún no hemos tenido tiempo de mirar ese detalle. Lo vamos a hacer cuando cierre el ejercicio. Pero probablemente hay partidas que nunca se ejecutaron y  eran de prioridad ejecutar; quizá hay obras planeadas en el presupuesto y nunca se llevaron a cabo; hay que ver qué se priorizó y qué se dejó de lado que es algo que aún no sabemos.   Estamos hablando de una mala forma de administración que se verá reflejada en el déficit de la cuenta de inversión. El 31 de diciembre vamos a cerrar el ejercicio 2015, armamos el balance y una vez presentado lo va a analizar el Tribunal de Cuentas. Lo que sucede es que aquí es que no estamos hablando de malas formas de contratación, sino de mala forma de administración, malas formas de pago. La cuenta 2014 tenía títulos públicos por 500 millones de pesos.  El pre-

supuesto preveía utilizar 225 millones de esos títulos públicos, es decir que ya se sabía que iban a disminuir esos títulos públicos. Ahora es muy probable que cerremos el 2015 sin nada de títulos públicos. Y eso es algo que vamos a tener que demostrar: existen títulos públicos pero vamos a tener que liquidarlos lo más rápido posible para poder hacer frente a las deudas.    

—¿Cómo influyen los recursos adicionales que se recibieron tras el fallo de la Corte?

—Cuando se planifica un año se tiene en cuenta los recursos. Y uno planifica lo que va a entrar en función de lo que ha venido ingresando los años anteriores. Como en 2015 no había cambio de gobierno, los ingresos coparticipación deberían haberse respetado, con la inflación correspondiente. Cualquiera que hiciera un análisis económico podía ver que había una desaceleración en el crecimiento de los recursos, es decir los recursos crecían menos, pero crecían. El Gobierno ha recibido más de lo que habían presupuestado para el 2015 y además el último mes apareció el fallo de la Corte y empiezan a ingresar recursos que no estaban previstos. Desde el 20 de noviembre en adelante se empezó a recibir un 15% más de coparticipación diaria. Es decir que aun recibiendo más dinero del que tenían proyectado (porque nadie podía pronosticar que a fin de año saldría un fallo de la Corte  que beneficiaría a San Luis), el déficit siguió existiendo. Se puede decir que ese ingreso extra ha mitigado un déficit que podría haber sido mayor.  Esto es como una persona que maneja mal la economía familiar durante el año: le embargan su casa y todos los bienes y al final del año tiene la suerte de ganarse la lotería. Esa persona no puede decir que se “salvó” porque en realidad administró mal todo el año. Tampoco los nuevos fondos nos “salvan”, sino que ayudan a mitigar un poco el déficit.

—¿El ejercicio 2014 también había cerrado con déficit?

—No, no cerró con déficit.

—Entonces el descalabro fue durante 2015…

—Es difícil afirmarlo, todavía no hemos visto todos los números finos. Por ejemplo, la deuda que hay en Dosep es deuda que no aparece en el ejercicio contable del Estado, pero porque no está imputada. Entonces toda deuda que no está documentada contablemente hasta el 2014 puede haber pasado al 2015. Es decir puede que la deuda haya venido de antes y por ejemplo haber iniciado expedientes en enero o febrero. Algo de eso creemos que sucedió con las constructoras donde los retrasos se profundizaron en mayo pero que ya venía hace un tiempo. 

—¿Complica para esta coyuntura de los primeros meses el nuevo  límite del 25% para hacer transferencias de partidas que tiene el presupuesto 2016?

—Es un limitante que no habíamos tenido. Pero si nosotros vemos que ese 25% se va a superar, lo haremos de manera transparente y se lo haremos saber a la Legislatura. Sí entendemos que ese límite no es viable de sostener será enviado a la Legislatura un proyecto que justifique esa transferencia mayor de partidos. De todos modos es algo prematuro porque aún no iniciamos el 2016. Si logramos cumplir los objetivos presupuestarios el 25% será suficiente.

—¿Cómo definiría la situación financiera de la provincia en este momento?

—Estamos en un brete. Ésa es la definición. Confiamos en que el Gobernador va a generar la estrategia para salir adelante y la primera orden ha sido el de ejercer la máxima austeridad hacia adentro.  Desde el 10 diciembre Compras está cerrado. Ningún organismo del Estado está gastando dinero nuevo y habrá 20 días del año 2015 donde va a aparecer que el Estado ha gastado un peso. Así y todo se va a ver el déficit. Mire: siempre los expedientes llegaban a Tesorería y eso implicaba una obligación y el pago inmediato. Así se trabajó, siempre. Pero a partir de este desmanejo financiero por el exceso del gasto la anterior gestión empezó a estirar los pagos: primero se pagaba en  forma semanal, sólo los miércoles; después se estiró a hacer pagos cada 15 días; después fue mensual y luego empezó a hacerse recortes en las autorizaciones de pago en donde en algunos caso se autorizaba sólo el 50%.        

Estamos en una situación atípica para la Provincia de San Luis. Uno no está acostumbrado a que la administración esté en esta situación, más allá de leer los diarios nacionales y ve que la mayoría de las provincias está con déficit. En San Luis esto nunca fue así. Había un fondo anticrisis intangible para situaciones de emergencia y había además liquidez en los pagos lo que permitía que el modelo San Luis se pudiera replicar. Si la provincia tiene le motor económico funcionando, los comercios venden, la gente tiene empleo, la recaudación crece, hay menos inseguridad… Todo es una cadena que lo va generando la prolijidad en la administración. Cuando el Gobierno genera estos desfasajes financieros, impacta inmediatamente en el sector económico de la sociedad, entonces se ve que disminuyen las ventas, la recaudación, baja el empleo, aumenta la delincuencia. A veces se piensa financieramente, pero hay que saber que dilatar pagos tiene un impacto en la sociedad que es muy importante. Hay que tener una visión abierta y ser consciente que cada medida que el Gobierno toma impacta en toda la sociedad.

Hoy tenemos una foto y podemos decir que se gastó más del dinero que la provincia tenía. Después vendrá el análisis de la calidad del gasto y podremos decir si hubo gastos que se podrían haber evitado o haberlos hecho de manera más eficiente. Es cierto que San Luis no tiene deuda con la Nación o con entidades financieras, pero tiene una deuda con los propios puntanos.