El temor de casi 600 familias a perder su fuente de ingresos fue lo que impulsó a los concejales a votar de manera unánime una ordenanza que otorga una prórroga a la empresa Marfrig para que continúe trabajando en su planta actual hasta el año 2025. Los ediles condicionaron esa extensión a la obligación del frigorífico de realizar cuatro obras fundamentales para el cuidado medioambiental que deberán cumplirse antes de que de octubre del año próximo.
El pasado mes de abril el grupo brasileño Marfrig anunció que no iba a poder cumplir con un acuerdo que la por entonces Quickfood había firmado con el Municipio en 2007: cerrar en noviembre del 2017 sus instalaciones actuales (en Europa y Pringles) y abrir su nueva planta en el terreno que posee al sur de la ciudad en el kilómetro 6,2 sobre la autopista Nº 55.
Desde esa comunicación oficial de los empresarios, comenzó toda una serie de especulaciones sobre el futuro de la empresa y por ende la incertidumbre para las 596 personas que dependen de la actividad en la ciudad (475 en forma directa). Los concejales comenzaron a tratar en diversas comisiones el problema, se reunieron con representantes del frigorífico y el sindicato y ayer cristalizaron la mejor opción que encontraron a la problemática.
“Esta ordenanza establece que desde el 1º de octubre del año próximo se prorrogará hasta el año 2025 el funcionamiento de Marfrig en su ubicación actual, pero para que ello ocurra deberá completar cuatro obras fundamentales. Es decir que hacemos esta prórroga pero condicionada a que a setiembre del año próximo estén hechas las obras comprometidas”, dijo Héctor Toranzo, concejal que preside la comisión de Asuntos Legales.
El cronograma de obras responde al mismo que presentara la empresa el pasado 13 de noviembre por un monto que ronda los dos millones de dólares: pileta de ecualización de efluentes líquidos y lavador de gases para la grasería industrial en marzo del 2016, sistema de aspersión de corrales en abril del año próximo y un sistema para disolver los desechos que tiran en las cloacas y van a la planta de tratamiento de efluentes en setiembre de 2016.
Cumplidas esas tareas, entraría en vigencia la extensión del plazo de mudanza definitiva por ocho años (estaba prevista el 29 de noviembre del 2017). Para evitar que sucedan errores anteriores, donde no se controló el proceso de avance de una supuesta obra en el otro terreno que ya posee la empresa, también se fijó un cronograma de traslado:
“Deberán cumplir con la actualización de estudio de suelo e impacto socio ambiental en noviembre de 2019, presentación del anteproyecto de la nueva planta en noviembre de 2021, presentación del proyecto definitivo de la planta en noviembre de 2023 y traslado definitivo en noviembre del 2025”, dijo Toranzo.
La norma aprobada ayer por todos los concejales también contempla multas económicas de hasta tres veces el gasto anual fiscal de la empresa por cada punto no cumplido en tiempo y forma, garantiza las fuentes laborales de los empleados y establece que el plazo previsto de traslado definitivo no podrá ser nuevamente prorrogado.
“Veníamos preocupados porque veíamos que cerraban frigoríficos en el país y nosotros ya sabíamos que la empresa no iba a poder construir una planta nueva de 50 millones de dólares. Es destacable la madurez con la que trabajó el Concejo Deliberante y que sobre todas las cosas encontró el equilibrio entre la producción, la fuente de trabajo y el medio ambiente”, señaló Marcelo Periale, secretario general del Sindicato de la Carne, que presenció la sesión de ayer.
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