Cae la denuncia de la empresa NEC contra Alicia Bañuelos

La ex rectora de la Universidad de La Punta (ULP), Alicia Bañuelos, fue favorecida nuevamente en un proceso judicial relacionado con la causa que le inició la firma tecnológica NEC, por una supuesta falsedad ideológica. En este caso, el Superior Tribunal de Justicia revocó un llamado a indagatoria que le realizó la Cámara del Crimen 1, y con casi 7 años de vigencia la causa finalmente prescribió.  
La denuncia que originó la disputa en los tribunales comenzó en 2008. La funcionaria fue acusada de perjudicar a la empresa en un informe que le elevó al Ministerio de Hacienda sobre la administración de NEC en la Autopista de la Información (AUI), donde estuvo entre 2001 y 2007. El eje de la polémica es el reclamo de unos $ 7.200.000 por servicios prestados entre enero y agosto de 2007, lo que implica $ 900.000 mensuales, según la empresa. Pero, en base a un período de 7 meses (segunda mitad de 2006) en que el Ministerio del Progreso delegó la Autopista a la Universidad y le pagó 4,5 millones de pesos, unos $642.000 por mes, Bañuelos sostuvo que se le adeudarían a la empresa sólo 3,2 millones. Así lo manifestó en el documento que elevó a Hacienda el 24 de setiembre de 2007.
La defensa de la funcionaria argumentó que el carácter del escrito no fue vinculante y que dejaba en claro la sugerencia de realizar una auditoría externa para alcanzar un veredicto definitivo sobre la deuda. Esto le valió un fallo (2008) de la entonces jueza de Instrucción en lo Penal y Correccional Nº 1, Mirtha Esley, que desestimó la denuncia. Luego, la Cámara revocó esa decisión y la llamó a indagatoria; lo que ahora fue desestimado por la máxima instancia judicial. “He sido víctima de una situación en la que quisieron presionar al Estado para que pagara algo que no correspondía. Fue algo sin asidero. Ha sido un desgaste innecesario en lo personal y un perjuicio también en lo económico”, sostuvo la ex rectora. Además, recordó que entre el 2 de enero y el 15 de agosto de 2007, la Autopista estuvo en manos del Ministerio del Progreso, que tenía como titular a Harold Bridger. En ese período se firmó un acuerdo con NEC, pero nunca se homologó en la Gobernación, por lo que jamás tuvo validez. “Tampoco había contrato. Quisieron usar a la Justicia para obtener un beneficio económico con las cifras que se les ocurrieron. La denuncia fue una ridiculez”, aseveró. 
Bañuelos, que luego asumió también como ministra de Progreso, precisó que la AUI pasó a manos de la ULP en agosto de ese año, y que en ese momento recibió un llamado del presidente de la compañía que le dijo que si no les daban inmediatamente el dinero abandonaban el Data Center, el cerebro de la red de telecomunicaciones provincial. 
“Yo le dije que no había contrato y que no podíamos pagar, que nos tendríamos que sentar a renegociar. A las semanas se fueron y se llevaron a todos los técnicos, con lo que esto implicó. Pudimos salir adelante a pesar de que no dejaron nada. Encima hicieron abandono del servicio”, detalló.