El Gobierno citó al embajador británico ante Buenos Aires, John Freeman, para que dé "explicaciones" sobre acciones de espionaje contra la Argentina y por la "militarización y exploración ilegal de hidrocarburos" en las Islas Malvinas, informó esta mañana la Cancillería.
La convocatoria fue realizada por el vicecanciller Eduardo Zuain, quien expresó al diplomático del Reino Unido el "malestar" de la Casa Rosada por ambos hechos.
La citación ocurrió una semana después del 33º aniversario del conflicto bélico de 1982 por el archipiélago, en medio de la tensión bilateral por las denuncias de Londres según las cuales la Argentina es una "amenaza" para los isleños, lo que la presidenta Cristina Fernández rechazó al encabezar el acto en recuerdo de los caídos en la guerra.
"No se preocupen, que no pongan una sola libra más en la defensa de Malvinas, que las pongan en alimentar ingleses, en darles trabajo, educación a los ingleses. No somos un peligro para nadie, no solamente para los ingleses. No somos un peligro en términos militares, de ofensiva militar", enfatizó ese día, desde Ushuaia, la jefa de Estado. A través de un comunicado, el Palacio San Martín puntualizó que el reclamo a Freeman tuvo que ver con "el silencio del Gobierno británico frente a revelaciones de Edward Snowden, a través del medio 'The Intercept', sobre acciones de espionaje electrónico masivo dirigidas contra la Argentina".
"Según este medio, las acciones fueron llevadas adelante ante la creciente presión internacional para resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas", precisó la información.
Zuain hizo presente al representante británico que "acciones de ese tipo violan el derecho a la privacidad conforme lo establecido en las resoluciones 68/167 y 69/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".
"Ambas resoluciones ponen de relieve que 'la vigilancia y la interceptación ilícitas o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilícita o arbitraria de datos personales, al constituir actos de intrusión grave, violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática'", agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, Zuain comunicó a Freeman que la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, "presentarán hoy una denuncia penal contra las empresas que llevan adelante actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina".
Ello, por violar la ley 26.915 y resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambas partes en la disputa de soberanía a "no introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la solución de la controversia".
Durante el encuentro, el vicecanciller expresó también el "malestar" del Gobierno por las declaraciones efectuadas del secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, ante el Parlamento Británico.
Allí, remarcó la diplomacia nacional, Fallon "anunció el incremento del gasto militar en las Islas Malvinas y la introducción de nuevo equipamiento bélico, alegando una supuesta e inverosímil 'amenaza' argentina".
"Frente al armamentismo británico, la Argentina sostiene que sólo el diálogo y la negociación deben primar para poner fin a esta situación colonial anacrónica que lleva más de 182 años, mediante la aplicación de la resolución 2065 (XX), y siguientes, de las Naciones Unidas", expuso Zuain.
En el conflicto de 1982 murieron 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños.
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