El fiscal Ramiro González imputó al periodista y a su ex socio de La Usina Producciones en la causa que investiga el supuesto lavado de activos, por una suma que gira en torno a los 20 millones de pesos.
El juez Federal Sebastián Casanello ordenó hoy dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Alberto Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.
A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.
La denuncia había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.
Según consta en la denuncia presentada por Gonella, a través de estos contratos realizados "usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.
"Se transformó la excepción en la regla", dijo González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.
"Necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”, expresó Gonella en su denuncia.
Télam.
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