El conflicto entre las empresas de transporte interurbano María del Rosario y Sol Bus y sus choferes, agremiados en UTA, podría llegar a un fin y es que según Rodolfo Luis Fagés, juez laboral a cargo del caso, en la audiencia que se realizará este miércoles a las 13 se podría “arribar a un acuerdo”.
El juez no pudo confirmar si se tratará de una compensación económica o la reincorporación de los choferes despedidos, pero admitió que al menos existía buena voluntad entre las partes para darle punto final a la huelga, ya iniciada hace 22 días.
Desde el gremio se mostraron más cautos. José Narváez, secretario general afirmó que "ha habido conversaciones pero no sabemos en concreto qué va presentar la empresa o qué va decidir el juez".
Paralelamente, ayer hubo una reunión en la empresa, en la que la patronal ofreció una indemnización del 50% a 18 trabajadores. Esta medida está contemplada en el artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo, que supone despidos por “causa de fuerza mayor” o “disminución de trabajo fehacientemente justificada”. Por decisión de la asamblea de trabajadores, van a seguir con las medidas de fuerza. “Obviamente ninguno estuvo de acuerdo”, afirmó Adrian Lucero, secretario adjunto de UTA.
El Gobierno de la Provincia aguarda el fallo de la Justicia, pero ya tomó cartas en el asunto. La semana pasada, a través del Programa de Transporte notificó a todas las empresas de la provincia para que aseguren el servicio de emergencia de las empresas en conflicto y el servicio normal del resto de las empresas que se adherirán en forma solidaria durante 72 horas.
"Así como existen derechos, también existen leyes que reglamentan el ejercicio de esos derechos y obligaciones. Si no tenemos en cuenta esto, llegamos a un estado de posiciones muy extremas", comentó Sebastián Ricco, jefe de Programa de Transporte. Ricco también remarcó que el servicio de los corredores afectados por el paro se está prestando de forma “regular y normal” con “algunas demoras y dilaciones propias del conflicto”.
El funcionario recordó además que actualmente está vigente la licitación de los corredores de transporte interurbano en la provincia y que el paro no pasará desapercibido para la elección de las empresas en las próximas semanas. “El mismo pliego prevé un sistema de puntaje que está compuesto por varios ítems, como ofertas, inversión, unidades, corredores y también dentro de eso, se analiza el contexto que las empresas están pasando”, detalló.
Amenazas en Transpuntano
Mariano Estrada presidente de Transpuntano, empresa de transporte urbano de San Luis capital, denunció haber recibido una amenaza telefónica el lunes por la noche. El supuesto apriete haría referencia a represalias por la decisión de la empresa de asegurar el servicio de transporte de cara al paro de 72 horas de esta semana.
“Si sacás los coches el jueves o viernes, vas a perder más que si los dejás guardado”, le dijeron a Estrada el lunes a las 22:50, según la denuncia ya presentada en el Ministerio Público Fiscal.
“A mí personalmente no me afecta, pero sí me preocupa por las unidades que quieran brindar servicio esos días y el posible daño a los trabajadores de la empresa y a los pasajeros”, afirmó el presidente, quien responsabilizó al gremio de colectiveros por la aparente agresión. "Esto es moneda corriente con el gremio de la UTA", aseguró.
“No sé qué tiene que ver Mariano Estrada con este conflicto. No nos manejamos de esa forma”, respondió Lucero.
Al cierre de esta edición, los choferes de la empresa definían si se adherían o no al paro general. Estrada afirmó que la decisión dependerá de los choferes, pero que la empresa no puede "sufrir una medida de acción directa de un conflicto que nos es totalmente ajeno".
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