Madre e hijo enfrentados por el desalojo de una vivienda familiar

Al parecer no existen lazos de sangre que superen los intereses materiales, al menos así lo atestigua una familia que hace más de seis años se enfrenta por la posesión de una vivienda. Teodora Luna y Miguel Castillo son madre e hijo pero eso no les impidió entrar en un largo litigio por la herencia de una casa ubicada en Balcarce 1749, del barrio La Merced, que le dejó el padre de la familia a su esposa y sus dos hijos. Las versiones son encontradas y develan años de querellas que hoy toman un nuevo rumbo a través de una sentencia que determina el de-salojo de la propiedad.

Miguel  y Mónica tienen cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad, que viven en la casa hace unos 20 años. Su abogado defensor, Juan Carlos Serrano, explicó que el 24 de febrero realizó una apelación ante el juez Carlos Varela y tomó intervención la Defensoría del Menor que le solicitó que analice la medida de desalojo porque existen menores que quedan expuestos a las violaciones de derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Defensoría del Menor confirmó que pidió intervención en la causa a Desarrollo Social y a la Secretaría de Vivienda de la Provincia a los fines de colaborar con la situación del grupo familiar.

“Este pedido no se tomó en cuenta. Y como la Defensoría del Menor indicó que este mecanismo se debe realizar antes de cualquier trámite, por eso solicitamos que el juez no efectivice la medida”, acentuó Serrano.

 “Estamos viviendo una situación desesperante yo no tengo trabajo y mi marido apenas gana tres mil pesos, no podemos alquilar y con cuatro chicos no tenemos a dónde ir. Si el viernes no entregamos la casa a mi suegra, a Miguel lo meten preso y nos desalojan por la fuerza”, aseveró Mónica Lago, mujer de Castillo.

Sin embargo, la otra parte tiene una versión diferente de los hechos. El representante legal de Teodora, Jorge Agúndez, afirmó que en realidad la víctima es su cliente.

“Hace unos seis o siete años que el hijo la corrió a la madre de su casa. Teodora vivía en la vivienda que heredó de su esposo. En el fondo construyó un departamentito para que viviera su hijo con su mujer y los chicos. Pero luego se enfermó y empezaron los problemas. Su hijo demolió parte del departamento, se mudó a la casa de adelante y dejó en la calle a su madre que desde entonces deambula de casa en casa”, dijo Agúndez.

El abogado aseguró que Teodora vive "de prestado" desde esa época, que está muy enferma y al no poder resolver el problema con su hijo, que no quiere dejar que ella viva en su propia casa y la tiene amenazada de muerte, acudió a la Justicia. “Esto es un pleito de larga data. Primero el hijo hizo desalojar a la madre alegando que tenía menores, el sistema judicial no resguardó el derecho de la dueña del inmueble ni otorgó garantías de resguardo físico. Lamentablemente el conflicto llegó a esta instancia porque la Justicia nunca tomó una decisión”, contó.

Los dichos del abogado de Castillo confirman el tiempo que lleva el conflicto familiar. “Anteriormente a esto, tanto él como su madre y su hermano participaron en un juicio sucesorio y fueron declarados herederos de la propiedad”, afirmó Serrano. Además explicó que éste es el tercer pedido de desalojo que padece la familia. Los anteriores sucedieron cuando Teodora Luna, madre de Castillo, intentó realizar la venta del inmueble pero la operación quedó sin efecto y la medida no se concretó.

“En consecuencia la causa prosiguió y llegó al Juzgado de Sentencia en donde se hizo un pequeño juicio oral y se condenó a mi cliente por el delito de usurpación y amenazas en contra de su madre” indicó Serrano y agregó que el juez declaró que la familia utilizó medios de clandestinidad para ocupar la morada. “Existe una reforma de la ley 23077, que eliminó la clandestinidad como característica de la  usurpación, por lo tanto, actualmente carece de sanción”, afirmó y destacó que lo insólito del caso es que se juzgue a una persona por habitar una propiedad en la cual comparte herencia.

El desalojo rige para la propiedad delantera del terreno, pero le permite a los Castillo utilizar el departamento que se encuentra al fondo. Ayer al mediodía el juzgado mandó una inspección a la vivienda de atrás para determinar las condiciones de la construcción, pero la familia ratifica que no está apta para habitar.

“El juez nos dijo que guardáramos algunos muebles allí para que no perdamos el derecho a la herencia”, señaló Mónica.

A pocas horas de conocer la decisión del juez Varela, el abogado y la familia empezaron a hacerlo público en los medios porque aseguran que la medida debería dar marcha a atrás por lo menos hasta que se analice las condiciones a las que quedan expuestos los cuatro menores.

Para Mónica lo más difícil es no poder evitar la angustia a sus hijos. Expresó que debido a la situación que atraviesan, los niños aún no asisten a clases y que corren el riesgo de perder el banco en el colegio. “Me dicen llorando ‘no nos queremos ir mamá’, y yo me siento impotente, nadie se imagina lo que es pasar por esto”, manifestó.