Buscan sumar más voluntarios al programa de Familia Solidaria

“El amor necesita tomar decisiones”, con ese slogan el Subprograma Familia Solidaria lanzó ayer una nueva campaña para incorporar a más personas que puedan ayudar. El plan, que depende del Estado provincial, sirve para recepcionar a todos los niños, niñas y adolescentes -también personas con discapacidad- que por algún motivo fueron separados de sus padres biológicos. Permanecen en el hogar sustituto de manera  transitoria (seis meses, que pueden prorrogarse por otro período igual), hasta que la Justicia emita una resolución. Desde enero a julio de este año, sólo nueve familias pasaron el proceso de admisión.

Familia Solidaria fue descripta por Peanú como “uno de los programas pilares del Ministerio”, porque contiene a todos los niños que son enviados a través de oficio de la Justicia. “Son casos muy graves, por eso necesitamos que la comunidad nos ayude, que nos escuchen y que sepan que debemos estar todos involucrados porque son niños de nuestra provincia”, manifestó. Por eso la fuerte campaña consta de un spot publicitario que se emite por Canal 13 y folletería donde se explica el propósito, el funcionamiento y los requisitos para convertirse en voluntario.

La ministra aseguró que San Luis es la única provincia que no tiene orfanatos. De hecho fue pionera ya que en 2003 (dos años antes de que se promulgara la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) se creó este programa. “Es muy importante que valoremos el sistema de Familia Solidaria ya que somos los únicos en el país que nunca más volvimos a abrir un instituto por orden del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, que fue el creador de este sistema y que se puso al hombro la queja de toda la sociedad que no entendía esta problemática. Estoy orgullosa cuando voy a los consejos nacionales de niñez, porque se plantea siempre la imposibilidad que tienen todas las provincias de cerrar los orfanatos, y no entienden cómo lo estamos haciendo nosotros”, expresó Peanú.

Explicó que el sistema establece un contacto directo con los niños que permite conocer sus dificultades, su estado de salud y anímico, y entender sus necesidades. Además trabajan con un equipo técnico de asistentes sociales y psicólogos que realizan un seguimiento de los chicos al ingresar a la familia voluntaria. “Por conocimiento de causa les aseguro que en los orfanatos los niños son un número más. Nadie sabe si el chico está deprimido, si sufre de alguna enfermedad, si es celíaco, o si es víctima de bullying. La Justicia sólo decide si hay derechos vulnerados y los hace ingresar a un lugar donde los derechos directamente no existen”, detalló e instó a la sociedad a entender que con Familia Solidaria se logra un mayor control.

“Si surge una denuncia respecto de una Familia Solidaria vamos automáticamente con el equipo técnico, la sacamos del sistema y nos hacemos cargo del menor, pero lo podemos hacer porque los niños están individualizados. Cada uno, en una familia, con seguimiento semanales, con psicólogos. Si estuviesen en un instituto esto no pasaría, no tendríamos idea de la situación de cada niño. Entonces con esta campaña queremos cambiar esta ideología que tiene la comunidad que en los hogares de niños están más protegidos”, aclaró.

“Por cada chico armamos un equipo técnico que lo asiste y contiene. Realizamos revinculaciones con la familia, si hay tíos o abuelos, tratamos de agotar todas las vías para que el niño quede dentro del seno biológico, y si no se puede, recién ahí recurrimos a la Familia Solidaria "Pura", que son las que no tienen ningún vínculo de consanguinidad con el menor. Es más esfuerzo, pero es lo que hay que hacer, es lo que corresponde, porque estamos para trabajar en pos de los derechos del niño, por eso le damos esta importancia al programa. Necesitamos que la gente lo entienda y, que de corazón y con solidaridad, nos ayuden a que todos los que ingresan dentro del sistema sean contenidos en el seno de una familia”, expresó la ministra.

La jefa del Subprograma Familia Solidaria, Andrea Gitto, explicó que los voluntarios brindan un lugar transitorio para los niños donde pueden continuar el desarrollo de su vida dentro de un ambiente familiar mientras esperan ser adoptados o reintegrarse a su familia de origen o extensa. “Cuando comenzamos nuestras funciones habían 180 niños incorporados al sistema en la ciudad de San Luis. A nivel provincial eran 193. Actualmente, en toda la provincia hay 158 niños, teniendo en cuenta que en un año se incorporaron 32 por orden judicial”, contó.

También el subprograma contempla a los adultos mayores y a personas con alguna discapacidad que se encuentren en riesgo social. “Hay 37 adultos, 15 personas con discapacidad, y en salud mental tenemos 8 que están con familias especializadas debido a su problemática. En total, hay 102 familias voluntarias que contienen a 216 personas, algunas familias tienen más de un niño ya que tratamos de no separar a los que son hermanos”, expuso Gitto.

El sistema brinda una ayuda económica por un tiempo determinado “porque hay que tener en cuenta que la incorporación implica gastos. Esto es hasta que los podamos dotar de otros medios como la tramitación de la tenencia transitoria y así puedan cobrar la asignación”, contó la funcionaria.

Caso Mateo

Gitto aseguró que Mateo, el niño de 7 años que sus padres tenían encandenado y que pudo ser rescatado gracias a la denuncia de un vecino, se encuentra en buen estado de salud, al igual que sus hermanas. “La semana pasada fueron incorporados a una nueva escuela y se están desempeñando muy bien. Están con una Familia Solidaria que los contiene al igual que un equipo técnico que los acompaña. Les estamos dando un espacio de escucha para que se puedan expresar. No están hablando mucho y nosotros no preguntamos porque respetamos los tiempos y los procesos que cada niño tiene”, explicó.

La funcionaria dijo que los parientes de los chicos se acercaron para constituirse como familia extensa, pero “estamos evaluando que estén aptos para recibirlos. Así trabajamos con todos los casos. Los informes que hacemos se elevan a la Justicia que determina quiénes van a recibir la guarda”.  Manifestó que Andrés Fernández, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, se constituyó como parte interesada en el juicio y va a ejercer la defensa de los menores.

También relató que mucha gente les envían cosas, pero a través del subprograma. “Para escolarizarlos trabajamos con el Ministerio de Educación. Queremos resguardar sus derechos, que no los estigmaticen y sean tratados como cualquier otro niño”, concluyó Gitto.