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“Es un camino largo y tedioso el que transitan algunos afiliados”

Por redacción
| 12 de marzo de 2017
Iguales. Placidi señaló que las obras sociales y las prepagas tienen el mismo comportamiento.

La mayoría de los casos en que la abogada Susana Placidi logró interponer recursos de amparo contra obras sociales y prepagas fueron por chicos que tienen alguna discapacidad y por necesidades de adultos mayores. “Han sido por patologías muy serias que requieren de un sinfín de tratamientos que si uno se pone a enumerarlos son agotadores”. Entre ellos recordó que fueron porque les negaban la cobertura de medicamentos muy caros o por negarles a acceder a centros de alta complejidad que no hay en la provincia. En esos casos el paciente requería de un traslado para ser diagnosticado o por la necesidad de que le prescriban tratamientos diferentes a los que ya recibía.

 


La abogada recordó que todos sus clientes son familiares de personas que sufren patologías graves “que ya cargan con el trauma de tener que sobrellevarlo y buscar al profesional adecuado. Y una vez que lo logran, se tienen que enfrentar a los inconvenientes que le generan las obras sociales para que les autoricen esos tratamientos que le prescribe el médico. Es un camino largo, tedioso y tortuoso que tienen que transitar algunos afiliados frente a casos muy serios y la conducta de las empresas no es la adecuada”.

 


Según su experiencia, dijo que “se plantea una gran frialdad frente a casos de extrema gravedad. Y no nos olvidemos que si bien la salud es un derecho primordial, es básico para acceder al derecho a la vida: sin salud, no hay vida. Por eso cuando los chicos nacen con patologías serias o un adulto mayor que trabajó toda su vida y al llegar a la ancianidad sufre una patología que lo incapacita, necesitan restablecer ese estado de salud o por lo menos tener una calidad de vida que les permita, medianamente, estar bien y gozar de su derecho a la vida de manera plena”.

 


Contó que el tipo de comportamiento de las obras sociales y prepagas frente a una demanda de ese tipo es el mismo: “Todas tienden en principio a negar o proscribir prestaciones que tengan un alto costo. Por ejemplo a los tratamientos para niños con discapacidad, los que nacen con patologías serias, con niveles de autismo serio o a los que requieren de cirugías muy específicas a poco de nacer. Y también aquellos que teniendo ya una patología seria necesitan de algún medicamento caro para poder mejorar mínimamente su calidad de vida”.

 


También sumó a los tratamientos que incluyen pañales, prótesis, órtesis (elementos para movilizarse) y leches especiales que algunas personas necesitan y que invariablemente las mutuales las deniegan o no les dan la cobertura que deberían.  “Esto implica que la persona o sus familiares deben ir y venir constantemente a la obra social hasta que se cansan de no tener respuesta y por eso acuden a la Justicia, porque ya no saben cómo hacer”, dijo Placidi.

 


Cuando finalmente el afiliado logra la medida de amparo y se presenta en su mutual, las respuestas no son las mismas. “Algunas ante la primera intimación del Juzgado, en el acto se cumple y no hay más problemas. Pero hay otras que por el contrario se sienten desafiados cuando les llega la cédula judicial y se niegan, con lo cual empieza otra etapa que es la de reclamar reiteradamente por el cumplimiento de la medida. A tal punto que hemos logrado que el juez le imponga multas dinerarias por cada día que la medida no se cumplió. Y en el caso de una prepaga todavía no hemos logrado que la acate”.

 


En el Juzgado Federal consiguió varios recursos de amparo a favor de sus clientes y aclaró que “no se trata de un abuso al derecho que les asiste a los discapacitados para que se les otorguen las prestaciones que establecen las leyes, todo lo contrario. Se trata de pedir el reconocimiento de esos derechos con bases sólidas y que respondan a necesidades específicas de cada patología”. Y recordó que “si obligáramos a una obra social a pagar mucho dinero por un tratamiento que no es justo, le estaríamos generando un perjuicio a otro afiliado que sí lo necesita”.

 


Placidi señaló que de tanto litigar descubrió que en San Luis “sólo tenemos una especialista en Neurología Infantil y esto es un tema serio, porque además no recibe obras sociales, con lo cual cada consulta se debe canalizar vía reintegros. Entonces los padres de ese paciente ya se enfrentan a un primer problema que es aceptar la dura realidad que implica tener un hijo con alguna enfermedad neurológica. Encima, después debe pagar cada consulta y toparse con el escollo de hacer el trámite para lograr que su obra social o prepaga se lo reintegre”.

 


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