Darán el veredicto por el femicidio de Brenda Arias

La Justicia de San Luis dará a conocer el miércoles el veredicto por el femicidio de Brenda Jimena Arias. En 2009, la joven de 19 años fue asesinada y luego quemada en la localidad de Villa del Carmen, a 147 kilómetros de la capital.

La última audiencia comenzará a las 9, en el Salón de Usos Múltiples del Tribunal Penal de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, ubicado sobre la autopista de los Comechingones, en Santa Rosa del Conlara.

En abril de 2017, Juan José Murúa, de 31 años, quedó imputado como el único sospechoso por el crimen. Sobre él pesan dos condenas, una en Córdoba por violencia de género y otra por haber intentado abusar de una menor y amenazarla con un arma de fuego, en la localidad cordobesa Los Hornillos, a veinticinco kilómetros de Dolores. Actualmente, cumple una condena de cuatro años y medio de prisión en el establecimiento penitenciario Nº 8 de Villa Dolores. Además, Murúa es investigado por la Justicia cordobesa por la desaparición de Marisol Reartes, de 18 años, y su pequeña hija Luz Oliva, de dos. Ambas desaparecieron en la localidad de Villa Las Rosas en febrero de 2014.

Brenda fue asesinada la noche del 11 de julio de 2009, en un sector de las sierras de Villa del Carmen; aunque sus restos, calcinados, fueron hallados recién 18 días después, el 27 de ese mes, cuando un vecino sordomudo descubrió huesos que le parecieron humanos y asoció que podían pertenecer a “la boquita pintada”, como apodaban a la víctima.

Las pericias establecieron que la joven murió a causa de un disparo con un arma de fuego y, luego, su cuerpo fue incinerado a pocos metros del lugar del asesinato.

Al comienzo de la investigación, las sospechas giraron en torno a César Albelo, con quien Brenda había terminado una relación de noviazgo el mismo día de su desaparición, pero esas primeras dudas fueron disipándose con la falta de pruebas y la causa quedó sin sospechosos firmes.

Pero la investigación dio un giro rotundo recién en abril del 2017, cuando Besso, jueza Penal de Concarán, ordenó detener a Murúa, con quien Brenda solía frecuentarse los meses previos a su desaparición. “Los elementos ya estaban, pero nos faltaba tecnología y personal idóneo para analizarlos. Y hoy en día los tenemos”, comentó la magistrada, cuando lo procesó por “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

La jueza se refería, puntualmente, al análisis de los movimientos del celular de la víctima, que desapareció tras su muerte y que, según el informe del Área Criminalística y Análisis Criminal del Departamento de Delitos Complejos de tribunales, los días posteriores al crimen se situó en los lugares en que se movía Murúa.

El fiscal Carlos Alberto Leloutre le remitió a Patricia Besso la requisitoria fiscal con un pedido de pena a 25 años de cárcel, el máximo previsto para el delito por el que acusan a Murúa.

Para el fiscal, “no existe duda alguna” de que Murúa asesinó de al menos un disparo a Brenda, y que quemó su cuerpo para asegurarse la impunidad del crimen, que definió como “personal y pasional sexual, siendo el autor consciente de cada uno de los actos que llevó a cabo”.