Un aumento que golpeó al país y que durará hasta 2019

En Mayo de 2016 el gobierno nacional tiró un baldazo de agua fría para todo el país. Sin medidas previas, estableció un incremento de 2.000% de la tarifa de gas, como parte de un plan para eliminar los subsidios que el kirchnerismo había establecido durante 12 años. Los gobiernos provinciales no dudaron en expresarse en contra. San Luis no fue la excepción y de hecho fue una de las primeras en presentarse a la Justicia Federal para darle un freno al “tarifazo”. El 30 de Mayo presentó un amparo en la que ordenaba la suspensión del incremento y sólo pagar un 70% de las boletas que ya habían sido emitidas. En distintas jurisdicciones los reclamos se replicaron en provincias como Chubut, Santa Cruz, Corrientes y Mendoza.

En julio de aquel año la Cámara Federal de la Plata dio lugar a un amparo colectivo para retrotraer la suba de gas, que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Este fue el revés más importante que se llevó el gobierno de Mauricio Macri. La Corte solicitó una audiencia pública el 9 de setiembre, para tomar la opinión de usuarios, funcionarios y empresas. Aunque no fue vinculante, claramente le bajó el tono a las pretensiones del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren. El incremento se daría igual, pero sería progresivo, en tandas hasta 2019.

El 7 de octubre de 2016 en el Boletín Oficial se publicaron los nuevos cuadros tarifarios en la Resolución 212-E/2016. “A partir de la primera reducción de subsidios en octubre 2016, el plan asume ajustes por porcentajes fijos en abril y octubre de cada año hasta llegar a la eliminación total de los subsidios en 2019, momento en el cual se prevé alcanzar los precios de mercado”, dice el documento. “El programa tendrá un sendero diferencial para la Patagonia, Malargue y la Puna, donde la reducción de subsidios sería aún más gradual y terminaría en 2022 en el caso del servicio de gas natural por redes”, aclara la resolución.

Hasta ahora las reactualizaciones de precios fueron de 400% en octubre de 2016; 24% en abril de 2017 y 45% en diciembre de ese mismo año, que se retrasó por las elecciones de medio término de aquel año.

En el escrito queda descripto a grandes rasgos, las razones del tarifazo. “El objetivo previsto es lograr un suministro de gas natural más equitativo y federal, que garantice su sostenibilidad en el tiempo, subsidiando sólo a quienes lo necesitan, fomentando el ahorro y el consumo eficiente, promoviendo la producción local y minimizando las importaciones de combustibles”.

"En la actualidad, el sistema de suministro de gas natural se encuentra distorsionado. Es desigual, injusto y obsoleto: está distorsionado porque hay una superposición de subsidios, programas y tarifas acumulados durante años; es desigual porque hay diferencias injustificadas entre lo que pagan usuarios de distintas provincias y regiones del país; es injusto porque una parte muy importante de los subsidios va a los hogares de mayores ingresos y es obsoleto porque ignora los incentivos al consumo, y el efecto que tiene el consumo de hidrocarburos sobre el medio ambiente", remarca.

Allí también se dejó expresada la postura de la provincia, por parte de Enrique Cabrera, en ese entonces presidente de San Luis Energía. "Si bien entiende necesario actualizar las tarifas ello debe hacerse de manera racional, gradual, justa, previsible y transparente, poniendo especial consideración en los sectores más vulnerables y productivos de la República Argentina, no en forma abrupta ni poco transparente. Entendió necesario conocer el costo del gas en boca de pozo, así como también la razonabilidad de las ganancias y costos reales de las empresas productoras, transportistas y de distribución; así como terminar con la distorsión de precios entre la Capital Federal y el interior del país”, resumió sobre la intervención de Cabrera en la audiencia pública sobre el incremento.