Denuncian irregularidades en un instituto de educación física

La decisión de continuar los estudios en otra institución desenmascaró una serie de ilícitos graves que derivó en una serie de denuncias y presentaciones en distintos organismos de control. Aunque hasta el momento son dos las damnificadas que decidieron iniciar acciones legales, calculan que la cantidad de afectados por las irregularidades cometidas por el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) Fundación Adrián Domínguez, asciende a unos cuarenta. Las deficiencias apuntan a malas condiciones edilicias, emisión de documentos apócrifos, docentes no acreditados y hasta declaración falsa de profesiones, entre otras.

Las denunciantes son Fátima González y Nahir Dagfal, dos ex alumnas que cursaron entre tres y cuatro años en ese presunto ISEF, que en la ciudad capital tiene sede en la calle Colón 1138, en el primer piso del mítico club deportivo Sociedad Española.

"El año pasado decidí que me iba a cambiar al Instituto Juan Pascual Pringles y como no tenemos libreta universitaria ni ningún documento por escrito sobre las materias que tengo aprobadas, pedí que me dieran un analítico provisorio para realizar el pase, tengo hecho hasta todo el tercer año. Me tuvieron a las vueltas hasta que me dieron una fotocopia y me encontré con la sorpresa que adeudaba asignaturas que las había rendido bien", afirmó González, quien agregó que ante el reclamo por esa situación recibió un rotundo rechazo.

"Me dijeron que si figuran como no aprobadas, es así. Tengo una bebé y si inicié esta carrera es porque realmente quiero estudiar, para mí el tiempo vale oro", sostuvo la joven, quien para demostrar la veracidad de su legajo académico, debió recurrir a los comprobantes de exámenes rendidos, donde los docentes acreditan con su firma la calificación obtenida.

Una situación similar atravesó Dagfal, quien a diferencia de su compañera tiene hasta cuarto año aprobado, pero el instituto a nombre de Adrián Domínguez tampoco le admitió algunas asignaturas que cursó y rindió previo pago de una cuota mensual que -según dijo- promedia los 1.200 pesos.

"Me pasó lo mismo: cuando quise hacer el pase me encontré con que no me reconocen las materias", indicó.
La negación de la currícula aprobada no es la única irregularidad que denunciaron ambas jóvenes. A eso, sumaron que las condiciones donde reciben las clases son pésimas, con ventanas emparchadas con nailon, pocos bancos para sentarse que están colocados prácticamente sobre una cornisa y falta de higiene.

Las sospechas sobre la legalidad de la institución, que forma a futuros profesores de Educación Física, están fundadas también porque según las autoridades tienen una matrícula de 300 alumnos, pero en las cursadas son muchísimos menos: entre cuatro y seis.

El abogado de las damnificadas, Guillermo Strazza, dijo que esta semana mantuvieron una audiencia de mediación con Domínguez, quien fue acompañado por el presunto rector del ISEF, identificado como Antonio Merenda.

"Descubrimos dos cosas gravísimas. Una, es que Merenda firma con el aditamento de 'doctor' e inclusive las chicas dicen que en el instituto se hace llamar abogado, algo que negó rotundamente cuando se lo pregunté en la audiencia y, en cambio, me aseguró que era docente. Eso nos generó una sospecha muy grande y decidimos constatar los datos de estas personas en la página web de la AFIP, que arrojó que Domínguez no tiene antecedentes docentes de ningún tipo, mientras que Merenda declaró que su principal actividad es el transporte automotor de carga, o sea que el rector del instituto es un camionero", afirmó Strazza, quien añadió que además de la denuncia penal, también hizo presentaciones en la Municipalidad de San Luis para que constaten la habilitación comercial y también recurrió al Programa Defensa del Consumidor, para dejar constancia de la "competencia desleal" cometida por ese ISEF, ya que según indicaron sus defendidas, prometen becas o reducción del monto de la cuota a los alumnos que lleven gente para inscribirse en sus cursos.

"También hicimos la denuncia en el Programa de Educación Superior y descubrimos, además, que la persona que figura como secretaria administrativa del instituto es empleada del Ministerio de Educación de la Provincia, por lo que pedimos que no sea ella la que intervenga en la instrucción del sumario que ya solicitamos", señaló Strazza.