Buscan rematar los vehículos secuestrados por infracciones

El estado de colapso a que han llegado los depósitos donde se acumulan los vehículos retenidos por infracciones de tránsito, obligó al Ministerio de Seguridad a tomar la decisión de elaborar un proyecto de ley para contar con un régimen de disposición final de esos automotores. Según los registros de la Unidad de Juzgamiento de Contravenciones de Tránsito existen en la actualidad más de 500 vehículos (autos, motos, camionetas y camiones) en esa condición, solo en su jurisdicción, a los que hay que sumar todos aquellos que fueron retenidos en los distintos municipios de la provincia.

María Ana Baretto, a cargo de la dependencia, aclaró que “todos los vehículos secuestrados por orden judicial tienen su régimen propio y se pueden subastar o compactar. Pero para los que fueron retenidos por infracciones de tránsito, el Gobierno no cuenta con una herramienta legal que nos permita disponer de estos, sobre todo cuando pasa determinado tiempo y sus titulares no cumplen con los trámites para retirarlos”.

Entre los motivos por los cuales los dueños de esos autos y motos no concurren a la Unidad de Juzgamiento están no contar con la documentación que los acredita como reales propietarios o porque el valor de la multa aplicada es muy onerosa. “Esto provoca que los depósitos de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y del resto de los municipios hayan llegado a un estado de colapso porque tenemos unidades desde hace cinco años estacionadas allí y que nunca más su titular cumplimentó los trámites”, contó la abogada.

La mayoría de las retenciones se producen en los puestos fronterizos, donde hay controles permanentes de la Policía Caminera y los motivos son por no contar con la transferencia del nuevo titular y por circular con el carnet de conducir vencido, y si no hay nadie más que pueda continuar, con el vehículo, se retiene de manera preventiva.

El proyecto de ley que enviará el Ejecutivo a la Legislatura prevé dos opciones: ofrecerlos en remates públicos, que contempla también las subastas electrónicas que generan menos gastos, y la compactación cuando el vehículo esté en estado de abandono o no tenga la “actitud para rodar”, como lo definen los códigos jurídicos. “Pero también incluye a los que están abandonados en la vía pública que por su estado de deterioro generan un peligro para la circulación, la salud de la población y afectan el medio ambiente. El anteproyecto contempla además que al estar tanto tiempo sin utilizarse, esos autos y motos son un foco de contaminación porque siguen emanando fluidos, y al ser una política prioritaria del Estado el cuidado del medio ambiente para el progreso de la provincia, es que se apunta a su eliminación o reciclado”, agregó la funcionaria.

Además, Baretto indicó que “lo que se busca es cerrar un círculo virtuoso en donde la persona que comete alguna infracción y le corresponde la retención del vehículo, que se haga responsable de ir a buscarlo, y si no que sea subastado o compactado”. En cuanto a los municipios, señaló que “una vez que la futura ley sea sancionada, las intendencias deberán adherirse y, de esta forma, también podrán darle un destino final a esos automotores de la misma forma. Porque hoy lo único que pueden hacer es mantenerlos en custodia, con lo que los gastos de mantenimiento los siguen perjudicando”.