Unas 1.700 familias ya pueden iniciar la escritura de sus casas

Durante los últimos meses, la regularización habitacional de muchos puntanos mejoró significativamente en distintos aspectos favorecidos por la política de vivienda del Gobierno de San Luis. Uno de ellos es la habilitación para iniciar el trámite de escritura de las casas, una gestión que ya están en condiciones de empezar unas 1.700 familias distribuidas en todo el territorio provincial.

Son barrios que en su momento se entregaron sin que las tierras sobre las que se construyeron fueran fiscales", dijo la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto.

 

Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, quien indicó que el beneficio es para gente con inmuebles construidos durante la década del ochenta y noventa en adelante, en terrenos que no se encontraban registrados a nombre del Estado. Los casos más paradigmáticos corresponden a los barrios que hace treinta y ocho años que esperaban normalizar su condición, como son el 31 Viviendas (Foprovi) de Villa el Carmen, el 10 Viviendas de Buena Esperanza y el 24 Viviendas de Santa Rosa del Conlara.

"Son barrios que hace décadas en su momento se entregaron sin que las tierras sobre los que se construyeron las casas fueran fiscales, por eso esas familias, si bien ya han cancelado el pago de sus propiedades hace muchos años, estaban imposibilitadas de acceder a la escritura gratuita que les permitirá ser los dueños de sus propiedades", explicó Gutiérrez de Gatto.

El plan para que los vecinos que estaban imposibilitados de escriturar sus viviendas lo hicieran lo antes posible fue diseñado y difundido hace poco más de un año, a pedido del gobernador, Alberto Rodríguez Saá, para dar una solución urgente. En ese momento, el Ejecutivo contabilizaba un total de 84 barrios establecidos sobre terrenos que no pertenecían al dominio público, lo que equivalía a casi unas 9 mil viviendas.

"Comenzamos a dar una solución para esas situaciones, un trabajo que se hizo con Escribanía de Gobierno, la Dirección de Catastro, el Registro de la Propiedad y a través de un convenio con el Colegio de Agrimensores, que nos ayudaron con estos primeros cuarenta barrios", informó la titular de Vivienda, quien recordó que la tramitación fue totalmente gratuita, sin costo alguno para los beneficiarios. 

El Gobierno provincial registró 9 mil viviendas en situación irregular, antes de ejecutar el plan de regularización. Las casas pertenecen a más de ochenta barrios.

 

Los cuarenta barrios que fueron normalizados están distribuidos entre veintiocho ciudades, localidades y parajes de la provincia: Candelaria, Quines, San Francisco, Villa General Roca, Concarán, Naschel, Villa del Carmen, Anchorena, Arizona, Bagual,

Buena Esperanza, Nueva Galia, Carpintería, El Talita, Lafinur, Los Cajones, Los Molles, Santa Rosa del Conlara, Merlo, Justo Daract, Lavaisse, Villa Mercedes, Fraga, La Toma, Chosmes, Potrero de los Funes, Paso Grande y San Martín.

"La regularización es importante desde el punto de vista jurídico porque significa el paso previo para conseguir la titularización de las viviendas, aunque las personas que las habitan hayan cancelado todas las cuotas. Es algo que da muchísima tranquilidad y que vamos a continuar entregando, cumpliendo así con el compromiso que asumió el Gobernador", indicó Gutiérrez de Gatto.

Más de 1.500 carpetas entregadas

Otra de las políticas públicas implementadas por el gobierno provincial son las escrituras gratuitas a todos los adjudicatarios de viviendas sociales que hasta el momento no han conseguido concretar el trámite que les da el status de dueños definitivos. El Ejecutivo puntano ya entregó más de 1.500 de esos documentos habitacionales y planea continuar haciéndolo.

Así lo confirmó la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, durante el último acto realizado el viernes en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, donde anunció que tienen otras 500 carpetas listas que distribuirán próximamente.

Aunque el costo de una escritura en el mercado privado depende del valor del inmueble en cuestión, el cálculo promedio asciende a los 70 mil pesos  para una propiedad correspondiente a un plan    de viviendas sociales.