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Planes de autoahorro: marcharán para pedirle a la Justicia una rápida respuesta

El fiscal federal Cristian Rachid aseguró que la Justicia Federal debe tratar el pedido.  

Las personas damnificadas por el incremento en las cuotas de los planes de autoahorro marcharán este jueves desde la esquina de Belgrano y San Martín hasta el edificio de Defensa del Consumidor, en Ayacucho entre Rivadavia y San Martín. La convocatoria será por el pedido de una pronta resolución del Juzgado Federal al pedido del Gobierno de la Provincia de un amparo para los consumidores que, a raíz de los exagerados montos de las cuotas, no están pudiendo cumplir; en algunos casos, han sufrido el embargo del vehículo. El Juzgado Federal de San Luis aseguró que de un momento a otro saldrá la resolución al pedido pero no dio precisiones de cuándo.

Damián Cabañez es uno de los afectados por los autoplanes. Hace dos meses tuvo que vender su vehículo. Manifestó a El Diario de la República que era eso o perderlo todo. "Al momento de venderlo había pagado 300 mil pesos y recibí por la transacción el 30 por ciento de lo que había invertido.

Sin embargo, quedo como codeudor, es decir, si el nuevo propietario no cumple con las cuotas también será mi responsabilidad", explicó. 

Otro caso al que El Diario pudo acceder fue el de Silvia Pérez —como pidió ser nombrada—, hija de una damnificada del sur de la provincia, a quien le embargaron el auto en plena vía pública por adeudar seis cuotas. "En diciembre de 2015, mi madre pagaba alrededor de 2.000 pesos por mes.

Cuando ese monto ascendió a casi 9.000, a ella y a mi padrastro se les hizo muy difícil cumplir con el pago. Para recuperar el auto nos pedían una suma que alcanzaba el medio millón de pesos. Finalmente, supimos que el auto fue rematado en 150 mil pesos y que eso no alcanza para saldar el total del valor del vehículo por lo que seguimos debiendo", contó sobre la experiencia que vivió de cerca ya que estaba con sus dos hijos en el momento en que le quitaron el auto. 

Ante la clara evidencia del perjuicio que la situación económica nacional causó entre los compradores, el Programa Defensa del Consumidor —que depende del Estado provincial— realizó hace 15 días un recurso de amparo colectivo.  Por ese motivo, el jefe del programa, Alberto Montiel Díaz, explicó los términos de la presentación. "Fue para reclamar el excesivo aumento que sufrieron las cuotas de los planes y pedir una medida que retrotraiga el importe de las mismas a abril del año pasado", dijo y agregó que los fundamentos en los que se centraron para la defensa del pedido es que, si bien el valor financiado está sujeto a la variable de lo que sale el auto, "aquí se dio una teoría de la imprevisión. Se trata de una figura legal que está contemplada en el Código Civil para casos en los que hay desfasajes en los que el consumidor no tiene responsabilidad. De ahí el pedido al juez federal Esteban Maqueda, de morigerar la situación". 

Además, Montiel Díaz consideró que hay una sobrevaluación en el precio de los vehículos. "También hacemos hincapié en el costo de los autos que, a nuestro entender, no muestran el valor real que las concesionarias y fábricas cobran", aseguró y añadió que alrededor de 4.000 personas en todo el territorio provincial se encuentran en una situación apremiante que, como contó Silvia, a su mamá la tuvo en cama por dos semanas con poca ingesta de alimentos y un estado depresivo. 

El Diario consultó al secretario federal en lo Civil, Mariano Frías, en qué instancia se encontraba el expediente. "Se trata de un pedido de amparo que suele ser muy expeditivo. Además, se solicita una medida cautelar por el precio de los autos y los valores de las cuotas. Ni bien ingresó al juzgado, pasó a la Fiscalía Federal para que se expida sobre la competencia del tribunal, para el caso de los damnificados por los planes de autoahorro. En estos momentos, el juez evalúa su veredicto en el que debe definir, en caso de que sea procedente, el amparo y en qué términos se debe dar", anticipó Frías y agregó: "Es de esperarse que en los próximos días haya una resolución por parte del juzgado".  

El fiscal federal Cristian Rachid, en una primera instancia, dio su parecer sobre la causa iniciada por el gobierno provincial. "En el caso de los amparos, la fiscalía solo dictamina sobre la competencia de este juzgado. Ya me expedí y manifesté que efectivamente la Justicia Federal de San Luis debe darle tratamiento y resolución al expediente, precisamente porque el amparo lo hace Defensa del Consumidor en representación de los habitantes de la provincia afectados por el desajuste en el valor de las cuotas de los planes de autoahorro", anticipó Rachid a este medio.   

Están todas las cartas jugadas para dar una solución, aunque no definitiva, a quienes confiaron  una vez más en el país que los contiene y que otra vez se lleva su plata, en esta oportunidad en concepto de cuotas de autos cero kilómetro. Queda esperar y conocer el dictamen final de la Justicia. 

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Planes de autoahorro: marcharán para pedirle a la Justicia una rápida respuesta

El fiscal federal Cristian Rachid aseguró que la Justicia Federal debe tratar el pedido.  

La situación es extrema y el tiempo apremia para quienes compraron 0km en cuotas. Foto: Archivo.

Las personas damnificadas por el incremento en las cuotas de los planes de autoahorro marcharán este jueves desde la esquina de Belgrano y San Martín hasta el edificio de Defensa del Consumidor, en Ayacucho entre Rivadavia y San Martín. La convocatoria será por el pedido de una pronta resolución del Juzgado Federal al pedido del Gobierno de la Provincia de un amparo para los consumidores que, a raíz de los exagerados montos de las cuotas, no están pudiendo cumplir; en algunos casos, han sufrido el embargo del vehículo. El Juzgado Federal de San Luis aseguró que de un momento a otro saldrá la resolución al pedido pero no dio precisiones de cuándo.

Damián Cabañez es uno de los afectados por los autoplanes. Hace dos meses tuvo que vender su vehículo. Manifestó a El Diario de la República que era eso o perderlo todo. "Al momento de venderlo había pagado 300 mil pesos y recibí por la transacción el 30 por ciento de lo que había invertido.

Sin embargo, quedo como codeudor, es decir, si el nuevo propietario no cumple con las cuotas también será mi responsabilidad", explicó. 

Otro caso al que El Diario pudo acceder fue el de Silvia Pérez —como pidió ser nombrada—, hija de una damnificada del sur de la provincia, a quien le embargaron el auto en plena vía pública por adeudar seis cuotas. "En diciembre de 2015, mi madre pagaba alrededor de 2.000 pesos por mes.

Cuando ese monto ascendió a casi 9.000, a ella y a mi padrastro se les hizo muy difícil cumplir con el pago. Para recuperar el auto nos pedían una suma que alcanzaba el medio millón de pesos. Finalmente, supimos que el auto fue rematado en 150 mil pesos y que eso no alcanza para saldar el total del valor del vehículo por lo que seguimos debiendo", contó sobre la experiencia que vivió de cerca ya que estaba con sus dos hijos en el momento en que le quitaron el auto. 

Ante la clara evidencia del perjuicio que la situación económica nacional causó entre los compradores, el Programa Defensa del Consumidor —que depende del Estado provincial— realizó hace 15 días un recurso de amparo colectivo.  Por ese motivo, el jefe del programa, Alberto Montiel Díaz, explicó los términos de la presentación. "Fue para reclamar el excesivo aumento que sufrieron las cuotas de los planes y pedir una medida que retrotraiga el importe de las mismas a abril del año pasado", dijo y agregó que los fundamentos en los que se centraron para la defensa del pedido es que, si bien el valor financiado está sujeto a la variable de lo que sale el auto, "aquí se dio una teoría de la imprevisión. Se trata de una figura legal que está contemplada en el Código Civil para casos en los que hay desfasajes en los que el consumidor no tiene responsabilidad. De ahí el pedido al juez federal Esteban Maqueda, de morigerar la situación". 

Además, Montiel Díaz consideró que hay una sobrevaluación en el precio de los vehículos. "También hacemos hincapié en el costo de los autos que, a nuestro entender, no muestran el valor real que las concesionarias y fábricas cobran", aseguró y añadió que alrededor de 4.000 personas en todo el territorio provincial se encuentran en una situación apremiante que, como contó Silvia, a su mamá la tuvo en cama por dos semanas con poca ingesta de alimentos y un estado depresivo. 

El Diario consultó al secretario federal en lo Civil, Mariano Frías, en qué instancia se encontraba el expediente. "Se trata de un pedido de amparo que suele ser muy expeditivo. Además, se solicita una medida cautelar por el precio de los autos y los valores de las cuotas. Ni bien ingresó al juzgado, pasó a la Fiscalía Federal para que se expida sobre la competencia del tribunal, para el caso de los damnificados por los planes de autoahorro. En estos momentos, el juez evalúa su veredicto en el que debe definir, en caso de que sea procedente, el amparo y en qué términos se debe dar", anticipó Frías y agregó: "Es de esperarse que en los próximos días haya una resolución por parte del juzgado".  

El fiscal federal Cristian Rachid, en una primera instancia, dio su parecer sobre la causa iniciada por el gobierno provincial. "En el caso de los amparos, la fiscalía solo dictamina sobre la competencia de este juzgado. Ya me expedí y manifesté que efectivamente la Justicia Federal de San Luis debe darle tratamiento y resolución al expediente, precisamente porque el amparo lo hace Defensa del Consumidor en representación de los habitantes de la provincia afectados por el desajuste en el valor de las cuotas de los planes de autoahorro", anticipó Rachid a este medio.   

Están todas las cartas jugadas para dar una solución, aunque no definitiva, a quienes confiaron  una vez más en el país que los contiene y que otra vez se lleva su plata, en esta oportunidad en concepto de cuotas de autos cero kilómetro. Queda esperar y conocer el dictamen final de la Justicia. 

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