Emiten un dictamen sobre el proyecto de ley de humedales

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados emitió el dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de humedales, que aún debe ser avalado por otras tres comisiones para posibilitar su llegada al recinto. Para San Luis es una noticia importante, ya que las lagunas de Guanacache están incluidas entre los humedales argentinos.

Según el portal de noticias "A24 Agro", el dictamen de mayoría consiguió la firma del Frente de Todos y de Unidad Federal para el Desarrollo; en tanto el grueso de los integrantes de Juntos por el Cambio y Consenso Federal lo hicieron en disidencia parcial. Como contrapartida, en un dictamen de minoría se encolumnaron tres diputados del PRO y un radical.

A través de la normativa buscan establecer un régimen de protección y manejo sostenible de los humedales de todo el país. Los legisladores nacionales de las diferentes fuerzas políticas son Leonardo Grosso, del Frente de todos; Enrique Estévez, del Partido Socialista; Graciela Camaño, de Consenso Federal; Ximena García, Gustavo Menna y Brenda Austin del bloque de la UCR; Gladys González, María Tapia y Esteban Bullrich del PRO; y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Para dar continuidad al trámite legislativo, el proyecto debe ser analizado por las comisiones de Agricultura y Ganadería; Presupuesto y Hacienda; Legislación Penal e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.

Aspectos importantes

El proyecto define a los humedales como aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.

Se prohíbe la aplicación de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluidas las fumigaciones aéreas y terrestres en los humedales.

La norma crea un Inventario Nacional de Humedales, que estará liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos de organismos científicos y de gestión y de las autoridades locales de las jurisdicciones.

Para el caso de las regiones de humedales compartidos entre dos o más jurisdicciones, deberán elaborar el ordenamiento ambiental territorial en forma interinstitucional entre las autoridades de aplicación de cada jurisdicción.

Queda prohibida toda intervención en los humedales sin previa aprobación de la autoridad competente, que deberá hacer una evaluación de impacto ambiental.

En cuanto a las sanciones, establece un régimen penal por el que condena a prisión de 2 a 6 años a quien envenenare, adulterare, incendiare, emitiere radiaciones o ruidos, arrojare contaminantes en el suelo, atmósfera o el agua, destruyendo o de cualquier modo dañando significativamente, en todo o en parte, humedales, cuando se encontraren legalmente protegidos. También hay penas para quien invada, usurpe, despoje, deseque, rellene, terraplene, canalice, desvié cursos de agua o explote ilegalmente humedales legalmente protegidos. Si derivara la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión.

Entre los servicios ecosistémicos reconoce la provisión de agua, el filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, y la provisión de alimentos, madera, medicinas, ornamentales, fibras y combustibles para la sociedad y la fauna silvestre y doméstica, entre otros. La Autoridad de Aplicación será definida por el Poder Ejecutivo nacional y el presupuesto no podrá ser inferior al 0,3% del Presupuesto nacional.