Las casas que hace el Estado son para las familias vulnerables

El Estado provincial está obligado por la Ley Proyecto Integral de Vivienda (Nº I-0970), del año 2017, a “garantizar el acceso a la vivienda digna de todos los sectores de la sociedad, priorizando a los sectores más vulnerables”. La misma normativa establece que la Secretaría de Estado de Vivienda, actualmente a cargo de Guillermo Alaniz, es la encargada de aplicar medidas para lograr “soluciones habitacionales”.

“Las viviendas sociales son aquellas que el Estado construye y se les adjudican a personas o grupos familiares en situación de vulnerabilidad social”, explicó Guillermo Alaniz. La política habitacional es de larga data en la provincia, inicialmente con planes de vivienda habitacional y actualmente con planes de vivienda social. “La prioridad para el acceso a una vivienda la tienen los grupos vulnerables. La vulnerabilidad no se mide con una regla, son muchos los factores que se tienen en cuenta: hacinamiento, violencia de género, riesgo sanitario, familias monoparentales, discapacidades, etc. Todo eso se tiene en cuenta en el momento de adjudicar una casa”, explicó el funcionario a cargo del área.

La última vivienda entregada hasta el momento, durante este año, en plena pandemia, fue la número mil.

“Cada una ha sido adjudicada bajo el criterio de darles prioridad a los grupos familiares o personas que acreditan un estado de vulnerabilidad social”, dijo Alaniz.

“Dentro del universo de inscriptos hay algunos que presentaban esas características y otros que no, pero que estén inscriptos no les da prioridad. La inscripción es un acto de pretensión del solicitante, no le garantiza el derecho de ser adjudicado. Para aquellos inscriptos que hayan pagado cuotas y que no estén de acuerdo con estos criterios, se buscará la manera de devolverles las cuotas”, anunció.

La ley establece como requisitos para solicitar la inscripción a un plan de viviendas ser mayor de 18 años, tener diez años continuos de residencia en la provincia de San Luis y no figurar en el registro de deudores alimentarios morosos. “Sobre estas decisiones que tomemos hoy va a estar basada la provincia que tendremos en los próximos años. El Estado provincial no debe abandonar este criterio. Basta de entregar viviendas a empresarios o a grandes comerciantes”, expresó Alaniz.

Además, la secretaría tiene la potestad de desadjudicar las viviendas a los beneficiarios que no cumplan las cláusulas o que adeuden tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. “Inicialmente la cuota es de tres mil pesos y se ajustará su valor teniendo en cuenta que no supere el veinte por ciento de un salario mínimo vital y móvil”, precisó.

Por último, adelantó que en los próximos días entregarán treinta viviendas más en el interior: Saladillo, La Toma, Batavia y Nueva Galia. “Existe la posibilidad de que antes de fin de año podamos entregar algunas más”, avizoró Alaniz.