Buscan que en la Justicia las causas de Familia sean ágiles

Que un juicio de divorcio o por alimentos lleve meses y hasta años produce un daño adicional a las familias que, por una razón u otra, decidieron resolver sus conflictos a través de la intervención de la Justicia. La creación de un Código Procesal de Familia tendrá entre sus objetivos principales justamente la celeridad en los procesos, para evitar que, como suele decirse, la justicia, por ser tardía, se convierta en injusticia.

Las comisiones con representantes de los tres poderes del Estado, académicos y colegios profesionales ya empezaron a reunirse para debatir esta y otras reformas y, según señalaron a El Diario, el cuerpo normativo sería solo una de las acciones que barajan para un mejor servicio a los habitantes de San Luis.

“Debe ser especialmente tenida en cuenta la inmediatez entre quien ejerce la jurisdicción, que es el juez, y las partes de un conflicto. Es notorio y la sociedad reclama lograr que los procedimientos sean ágiles, sencillos, accesibles, más económicos en todo sentido y que puedan brindar alternativas de solución”, marcó José Luis Flores, representante académico de la comisión, quien fue juez de Familia en Villa Mercedes, docente de Derecho y Sucesión en la Universidad Católica de Cuyo y actualmente preside la Cámara Penal 1 de la primera circunscripción judicial.

Flores considera que una estrategia para lograr esto sería “establecer claramente plazos, que respondan a la realidad, que terminan siendo si bien no un corsé, una guía, un principio a respetar en el desarrollo del proceso y que nos permita tener un plan en el tiempo, para resolver un conflicto”.

“Esto no es algo que suceda solo en San Luis, sino que ocurre en la Justicia de familia en general que un proceso de alimentos dura dos o tres años. La solución tiene que empezar desde el primer día del juicio”, remarcó.

El magistrado también enumeró como fundamental el trabajo con equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, mediadores, pediatras y trabajadores sociales. “No solamente para que sean abundantes en número, sino que también haya estrategias establecidas de abordaje y colaboración en la solución de conflictos, con estos recursos técnicos y la reorganización de los equipos que ya tenemos”, apuntó, destacando a su vez la labor de los trabajadores sociales. “Tiene un rol social que va más allá de lo descriptivo, debiera ser un recurso activo dentro del conflicto”, agregó.

A modo personal, Flores apuntó que otra de las grandes discusiones que dio la creación del nuevo código es la reunificación de los fueros, que actualmente están divididos en familiar, violencia y niñez y adolescencia.

“Hace poco tiempo nuestra provincia tuvo una reforma, que trató de ampliar la competencia de familia, que ha sido poco rendidora. No podemos tener un conflicto que tenga dos o tres jueces entendiendo el mismo asunto de una familia. Tenemos que tener una idea más integral del conflicto”, propuso.

Actualmente “ha tenido que ver con el talento de los que han tenido a su cargo la jurisdicción. Hay una cierta dispersión en los criterios utilizados, porque no hay una legislación específica. Lo que se busca con esto es desarrollar estrategias procesales adecuadas, correctas y que le den tanto seguridad jurídica al juez, como a las partes”, concluyó.

Marcela Torres Cappiello, quien integra la comisión como representante del Colegio de Magistrados, indicó que la creación del cuerpo normativo es tan solo una de las aristas que piensan trabajar los integrantes de la Justicia puntana próximamente. Está en discusión, por un lado, la responsabilidad penal juvenil y, por otro, la creación de una ley de protección integral, como la hay a nivel nacional y en otras provincias.

Cappiello, quien provisoriamente es fiscal de Cámara 1 y se desempeñó como jueza y defensora de menores, coincidió en la necesidad de celeridad que planteó su colega Flores, pero marcó también la especificidad que requieren las causas de familia. “Lo que se busca son procedimientos específicos para el fuero, acortando plazos y con el objeto de dar una real respuesta a la gente para solucionar el conflicto con la urgencia que se debe. Son conflictos específicos y el trámite que hay que darles también tiene que ser diferente al que se puede dar en el fuero civil y comercial ”, afirmó.

La magistrada también destacó la necesidad de reunificar los fueros. “Me parece que es una solución mejor a la que se ha planteado actualmente, con la creación de los juzgados de violencia y niñez. Es un modelo traído de otra provincia, donde ya se había manifestado que había fracasado. El mayor inconveniente es que hay varios jueces interviniendo en relación a una misma persona, grupo familiar o niño”, detalló.

Por último, Cappiello dijo que la comisión puso en discusión si la mediación quedará de carácter obligatorio en el proceso familiar y si van a implementarla de manera previa. Actualmente hay causas en las que está establecida de manera obligatoria, aunque suelen existir declaraciones de inconstitucionalidad que impiden su aplicación, dependiendo del caso.

“Eso tiene voces a favor y en contra, yo particularmente entiendo que la mediación no puede ser un proceso obligatorio. Es un sistema que puede ser muy favorable en determinadas problemáticas y para la gente que está dispuesta a mediar. Hay que ver de implementarla ya como etapa previa y evaluando en qué oportunidades, para que tampoco se constituya en una traba de acceso al juez”, opinó Cappiello.