La reforma judicial avanza; ya tiene media sanción del Senado

El Senado de San Luis otorgó media sanción a los proyectos de ley de reforma del Código Procesal Penal, el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia; la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Administración de Justicia del Poder Judicial; y de esa manera avanza la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo provincial.

Las medias sanciones se concretaron este martes en la Cámara de Senadores, en la 15ª Sesión Ordinaria en la que cada uno de los proyectos de ley tratados fue aprobado por unanimidad.

Dentro de las modificaciones más destacadas y en las que se evidencia el cambio de paradigma legal está la reforma de la competencia de los Juzgados de instrucción en lo Penal y Juzgados de Instrucción en lo Correccional en la Primera y en la Segunda Circunscripción y el Juzgado de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción, que se renombrarán como Juzgados de Garantías.

Esto es porque la Justicia Penal pasará de funcionar con el llamado sistema inquisitivo actual, en el que la acción está en manos del juez, al sistema acusatorio, en el que la investigación quedará en manos de los fiscales. Y los jueces pasarán a tener el control de las garantías en el proceso. Los especialistas sostienen que el sistema acusatorio ofrece mayores garantías de imparcialidad.

En el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público detallan que el mismo tiene autonomía funcional dentro del Poder Judicial y está compuesto por el Ministerio Fiscal y el Ministerio de la Defensa, representados por el procurador general y un defensor general, respectivamente, quienes actuarán ante el Superior Tribunal de Justicia.

Una novedad que introduce esta reforma es la creación de un Código Procesal Penal de Familia, Niñez y Adolescencia. Hasta ahora, en las causas judiciales por estas cuestiones los jueces se regían, en el procedimiento, por las pautas del código procesal civil.

El proyecto de ley dispone que el código tenga por objeto establecer la normativa procesal para hacer efectivos los derechos y deberes establecidos en las leyes de fondo, regulando los procesos de familia y de violencia familiar. Tendrá los siguientes principios generales: Especialidad en familia y violencia familiar; Interés superior del niño; e introduce el concepto de cargas probatorias dinámicas en la carga de la prueba, que recae en quien está en mejores condiciones de probar.

Además introduce cláusulas que determinan que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos y detalla quiénes están legitimados a denunciar e iniciar el proceso.

Además se destaca la obligación de los profesionales de la salud, de la educación y cualquier funcionario público que tome conocimiento de una situación de violencia cuya víctima sea niña, niño o adolescente, adulto mayor, incapaz o personas con capacidad restringida, a efectuar la denuncia correspondiente.

MM