Congelamiento de alquileres: mala noticia para unos, buena para otros

La posibilidad de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, extienda el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos cayó mal entre los propietarios de inmuebles pero, como contrapartida, es celebrada por los inquilinos.

En San Luis, el presidente del Colegio de Martilleros, Fernando Olcese, expresó el desacuerdo del sector ante la posible extensión de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 320/20) que suspende los desalojos, congela los alquileres y prorroga los vencimientos de los contratos celebrados hasta el 30 de septiembre. “El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, que nuclea a los profesionales del rubro, envió una nota dirigida a María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, para ponerla en conocimiento del rechazo”, dijo Olcese.

La norma impulsada por el Ejecutivo nacional tiene como objetivo resguardar a quienes alquilan y que por la crisis sanitaria no pueden afrontar en tiempo y forma el pago del canon mensual. “En este contexto de pandemia, se dificulta para gran cantidad de locatarios y locatarias dar cabal cumplimiento a diversas obligaciones de los contratos celebrados, en particular a las cláusulas que se refieren a la obligación de pago del precio de la locación”, reza el decreto firmado el 29 de marzo pasado.

Olcese explicó que “el congelamiento de los cánones locativos es perjudicial para las instituciones intermedias. La intervención del Gobierno en el sector (DNU 320/20 y Ley de Alquileres) ha hecho que se retiren del mercado puntano entre un 30 y 40% de inmuebles que estaban en la oferta de alquileres”. Y continuó: “La excusa del Gobierno es que con estas normas se defiende a la parte débil, pero en un contrato no hay partes débiles. Solo hay términos y condiciones que deben respetarse”.

Luciano Toschi, quien alquila un departamento cerca del centro de la ciudad de San Luis y es trabajador del rubro gastronómico, fue consultado por El Diario. “Hasta hace dos años viví en Córdoba, allá los inquilinos están organizados para prevenir abusos por parte de los dueños. Creo que en San Luis también debemos organizarnos, porque aquí hay prácticas que son verdaderamente abusivas”, comenzó diciendo. Y agregó: “En mi situación estoy impedido de pagar el alquiler de septiembre, porque en el rubro en que trabajo hay poca actividad y estuvimos mucho tiempo con las puertas cerradas. Además, en el tiempo que estuvo abierto hubo poco movimiento. De no ser por el DNU, ya me hubiesen desalojado”.