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Piden la nulidad del fallo que frenó las ayudas económicas y recusan a Rachid

Allende dijo que los beneficios están avalados por una ley y señaló que Rachid, al ser secretario, no puede ejercer la fiscalía federal ya que el puesto no está más vacante.

Por redacción
| 25 de octubre de 2021
Foto: El Diario.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, comunicó en una conferencia de prensa brindada este lunes en Terrazas del Portezuelo que se formalizó una presentación ante el Juzgado federal que pide la nulidad de todo lo actuado a raíz de la medida cautelar que había solicitado el fiscal federal subrogante Cristian Rachid, que frenó varias acciones de ayuda económica  diseñadas por el estado puntano para lograr la reconstrucción económica y social.

 

Además requirió que Rachid sea recusado de forma inmediata, ya que en la misma presentación fue planteada la ilegalidad de su función. “La única forma de designar a un fiscal subrogante es que la fiscalía esté vacante, pero la fiscalía federal de San Luis no está vacante”, aseguró Allende, quien recordó que Mónica Spagnuolo es oficialmente su titular.

 

Subrayó que Rachid es simplemente un secretario al que “se lo ha puesto por una simple resolución a cargo de la fiscalía federal”, una medida que,  aseguró, se repite hace ocho años y que es “absolutamente ilegal”.

 

“El no tiene ninguna designación oficial, y mantiene esta irregularidad en la función sostenida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación hace muchos años. Nosotros no estamos dispuestos a convalidar esto; por eso pedimos la nulidad”, afirmó.

 

Allende indicó también que para recusar al fiscal subrogante se tomó en consideración una publicación periodística reciente en la que se menciona su participación en una capacitación a concejales macristas de San Luis: “Acá está acreditado que el fiscal tiene relación estrecha con este sector político de la provincia, con lo que él tendría un interés directo, lo que no da certezas ni garantías”.

 

La demanda elevada por Rachid, que tomó como base las denuncias formuladas por Claudio Poggi y a la que el juez Juan Esteban Maqueda hizo lugar la semana pasada, frenó la entrega de  microcréditos, el plan de asistencia a los desempleados, el plus para acceder a una remuneración equivalente a los 70 mil pesos y subsidios al sector productivo.

 

 

El respaldo de una ley:

 

El fiscal de Estado explicó que las medidas de recuperación quedaron respaldadas por una ley y que no tienen ninguna intención electoralista. Recordó que la necesidad de implementar un auxilio general para los puntanos ya había sido expresada por el Gobernador el 1º de abril, durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Provincial.

 

Afirmó que la batería de ayudas también encuentra su respaldo y su legitimidad en que derivaron de las conclusiones del Consejo Económico y Social, en el que estuvieron representados todos los sectores productivos y sociales.

 

“En la cautelar del viernes hay un tema medular, que es que el Juzgado federal, inducido al error por Rachid, no toma en cuenta que estas medidas no fueron determinadas por un decreto, sino por una ley. Esto no se ha mencionado en ningún lugar del expediente, por ende parte de una cuestión errada”, afirmó Allende y agregó: “Esperamos por los fundamentos de peso de que todo esto pueda ser revocado y que los más necesitados puedan continuar a la mayor brevedad  para solicitar las ayudas”. 

 

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