Ley Brisa: una reparación que abraza ante la violencia

Desde hace dos años, la Ley 27.452 de Reparación Económica, también conocida como Ley Brisa, busca acompañar a aquellos niños, niñas, adolescentes y a aquellas personas de diferentes edades con discapacidad (Rennya), que sufrieron la pérdida de su madre por femicidio o por homicidios derivados en violencia de género o intrafamiliar. Según cifras que brindó el Estado nacional, asistieron 863 casos entre diciembre de 2019 y principios de 2021.

La norma fue sancionada en 2018, pero fue después de varios meses que se puso en marcha. Nace con el objetivo de asistir a quienes fueron víctimas de la violencia patriarcal y sufrieron el abandono de sus progenitores o el abuso de algún familiar, además de perder a su mamá o a su tutora. Y justamente hace alusión al caso de Brisa, hija de Daiana Montenegro, asesinada en 2014 por Iván Rodríguez, su expareja. La niña quedó a cargo de su tía, junto a sus hermanos y sus primos, una familia de escasos recursos.

La legislación establece el pago de una reparación económica equivalente a la jubilación mínima —monto que desde hace algunas semanas ascendió a $23,064— para que quienes la reciban puedan acceder a una buena atención médica y psicológica, a la educación, etc. Además le otorgan un seguro sanitario en la atención pública hasta los 21 años, aunque esto cambia cuando se trata de una persona con discapacidad, ya que el servicio gratuito es de por vida.

Volviendo a las cifras, según la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) en los últimos dos años se iniciaron 1.113 solicitudes de las cuales la mayoría se registró en Buenos Aires. Y de los casos que asistieron, al menos hasta marzo, también fue la provincia con más demanda, luego le siguieron Santa Fe y Córdoba. Mientras que en Catamarca, Tierra del Fuego y San Luis, se registraron números más bajos. El informe también arrojó que al menos 72 personas ya no cobran debido a que ya superaron la edad límite o fallecieron.

Uno de los datos que destacaron es que en 2019 la ley alcanzaba a 350 personas, pero durante 2020 y al comienzo de 2021, los números subieron a 513.

Los organismos que se encargan de intervenir a nivel nacional son la Anses, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Sennaf. En suelo puntano, la Secretaría provincial de Mujer, Diversidad e Igualdad se suma a la asistencia.

Tatiana Olguín, jefa del Programa Control y Seguimiento de Casos del organismo sanluiseño, destacó que “se trabaja en conjunto porque es una necesidad debido al conocimiento del territorio y por la comunicación que hay con las familias locales”.

Una de las últimas intervenciones de la dependencia con asentamiento en San Luis fue para acompañar a la familia de Johana Galdeano, la joven villamercedina que fue asesinada por Juan Carlos Solalinde el mes pasado. “Nos mantuvimos en contacto, sobre todo con Gladys, la mamá de Johana, brindándole contención psicológica. Así como también ayudándoles para que desde el Juzgado puedan tramitar el acceso a la Ley Brisa, ya que como es de público conocimiento, la causa está caratulada como femicidio. Este es uno de los requisitos para poder obtener la reparación, al igual que les hijes que queden a cargo de un tutor o tutora. Ambos requisitos ya se resolvieron por lo que se pudo agilizar la tramitación. En este caso, el hijo de la joven quedó bajo la tutela de su abuela”, contó la funcionaria.

Si bien Rennya pone el foco en la ayuda monetaria, el acompañamiento de los organismos es integral. “Sin dudas es una ley que hacía falta, sobre todo porque la reparación económica permite que las infancias puedan tener  una reparación emocional, así como cubrir los gastos que sean necesarios en relación a terapias o a controles pediátricos. Asimismo es una normativa que propone deconstruir y reconstruir las niñeces desde otros aspectos”, destacó Olguín.

Una respuesta transformada en vía de acompañamiento ante la violencia

Aunque el deseo mayor de la sociedad sea que estos niños, niñas, adolescentes y personas de diferentes edades con discapacidad no tengan que recurrir a este tipo de legislaciones, quienes deban acceder a la normativa tiene que quedar bajo el cuidado de un tutor o tutora, vínculo que lo determina la Justicia. Los pasos que siguen son muy pocos.

Cuando esta persona es designada es necesario iniciar un trámite en el ministerio. Allí le solicitarán una documentación que recibirá la Anses, mediante las Unidades de Atención Integral (UDAI) del país y le generarán un expediente electrónico que tramitan los tres organismos involucrados. 

Luego la contactarán para conocer más a fondo su estado. La siguiente etapa es realizar un informe técnico de esta tutora o tutor y su grupo familiar. En caso de obtener el visto bueno, la Justicia asigna el caso y son ellos y ellas quienes se encargan de recibir la reparación. En el caso de que se trate de mayores de 21, el trato es directo.