Pese a las protestas, el Congreso de Perú no aprobó el adelanto de las elecciones

La compleja situación sociopolítica de Perú, que incluye una veintena de muertos desde la semana pasada, amenaza con agravarse a partir del rechazo en el Congreso al proyecto para adelantar elecciones a diciembre de 2023 y acortar a abril de 2024 los mandatos de presidente y legisladores, mientras persisten las masivas protestas cuya represión generó dos renuncias en el gabinete de la mandataria Dina Boluarte.

Aunque parecía que existía consenso al respecto, el Congreso no logró la mayoría calificada que exigía el adelanto de las elecciones –porque implica una reforma constitucional- y antes de que pudiera analizarse la reconsideración pedida, la sesión fue suspendida sin nueva fecha por el titular del cuerpo, José Williams.

En medio de cruces y gritos, afloraron las diferencias en torno a si se debía impulsar, en simultáneo al voto de presidente y nueva composición para el Congreso, una Asamblea Constituyente.

Las bancadas de izquierda y centroizquierda eran las que consideraban que la crisis no se resolvía únicamente con comicios, sino que era preciso modificar la carta magna para que a un futuro Ejecutivo no le pase lo mismo que al del destituido Pedro Castillo, erosionado desde su asunción por un Congreso fragmentado, pero marcadamente opositor.

El reclamo de elecciones lo antes posible es central en las protestas que dejaron ya casi una veintena de muertos y que no bajan ni el número de ciudadanos ni el grado de violencia.

El país tiene cinco aeropuertos cerrados, decenas de rutas bloqueadas y clases suspendidas en varios departamentos y rige un estado de emergencia que habilita el accionar de Fuerzas Militares en casos internos. Además, anoche el Gobierno central decretó el toque de queda en 16 provincias.

Para peor, mientras se realizaba la sesión parlamentaria hicieron pública sus renuncias dos integrantes del gabinete de Boluarte: la ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez.

Los dos se referían al accionar de militares y policías, a los que se acusa de la mayoría de las muertes que se registran desde el miércoles de la semana pasada y que este viernes alcanzaron las 18, aunque medios y algunas instituciones suben a 20 o 22.

 Télam / NTV