Zanjitas: docente sobreviviente del choque debe ser indemnizada

Según un fallo de la Justicia Federal, una docente que iba en el colectivo Polo que fue embestido por el tren de América Latina Logística (ALL) en 2011 en Zanjitas debe ser indemnizada. La resolución señala que el conductor del ómnibus, Julio César Jofré; el dueño del micro que él manejaba; la empresa de transporte Polo; la firma que tenía la concesión de las vías y el Estado Nacional deben pagar una importante suma a Ema Patricia Casas, quien era profesora de Educación Física del Colegio Santa María y una de las sobrevivientes del choque en el que fallecieron seis alumnas de 5º grado y dos docentes de esa escuela. Casas fue una de las 25 personas que resultaron lesionadas en la que es considerada la tragedia vial más grande de la historia de San Luis.

Hasta el momento, en el sistema de expedientes, no ha visto que la resolución haya sido apelada, contó uno de los abogados que representa a Casas, Héctor Zavala Agüero. Pero esta semana retoma la actividad en los Tribunales federales tras la feria, y allí podrá saber si hay alguna novedad.

Según explicó, en 2012 se hizo esta demanda por seis millones de pesos. Pero la sentencia ordena actualizar la suma, para que no quede afectada por la inflación y demás, por lo que estimó que el reajuste debe ser “tres veces ese monto”.

Casas iba sentada en el primer asiento del colectivo conducido por Jofré, que la mañana del 2 de noviembre iba a una misión solidaria y fue chocado por el tren en un paso a nivel. Ella no pudo volver a trabajar en el colegio después del hecho, primero por cuestiones de orden físico y luego porque no estaba en condiciones psicológicas y psiquiátricas para regresar a la institución, dijo el letrado, quien representa a la docente junto a su colega Jorge Sosa.

“Al momento del accidente ella estaba de pie, miró por las cortinas y vio una sombra. Era el tren, que estaba prácticamente encima. Gritó y se tiró debajo del asiento. Esa acción es la que, en definitiva, le salvó la vida. Quedó aplastada bajo el asiento y pudo salir cuando el tren terminó de arrastrar el colectivo. Sufrió una lesión en la rodilla y en otras partes del cuerpo, por las que fue indemnizada por la ART, porque se trató de un accidente laboral. Pero esas lesiones exceden lo que se paga por la Ley de Contrato de Trabajo, ya que la ley establece un monto por cada lesión que sufre un trabajador”, indicó.

En octubre de 2015, en un fallo unánime, Jofré fue condenado por la Cámara del Crimen 2 de San Luis a cuatro años y ocho meses de prisión por el homicidio culposo de las seis alumnas y las dos docentes y por las lesiones culposas sufridas por otras 25 pasajeras.

Cuatro años después, en septiembre de 2019, en un juicio que se celebró en la misma Cámara, fue absuelta por el beneficio de la duda Mabel Tyempertyopolos, propietaria de la empresa Polo. Los abogados querellantes habían pedido que la empresaria fuera condenada por “Homicidio culposo y lesiones culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas”. Y el fiscal de Cámara 2, Fernando Rodríguez, había solicitado cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación para gerenciar empresas de transporte público.

Después de la causa penal, por la que se condenó a Jofré y después se hizo el juicio contra Tyempertyopolos, quedó abierta la vía civil para demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios a las personas que viajaban en el colectivo. “Entre ellas iba Casas, que es representada por nosotros al igual que la docente María Santucho y una exalumna. Por todas hay demandas interpuestas, pero cada una se hace de modo individual, porque el daño que sufre cada una es diferente”, indicó Zavala Agüero. Hasta el momento, solo ha salido el fallo en relación a Casas.

Por lo que comentó el abogado, en la faz civil, en la Justicia provincial, el año pasado hubo un ofrecimiento de resarcimiento, aceptado por algunos damnificados, con un desistimiento para desvincular al colegio y la universidad. “No es un desistimiento total, sigue la causa por los otros demandados”, aclaró.

La docente de Educación Física hizo, además, la demanda en la Justicia Federal contra Jofré, el dueño del micro que él manejaba, Polo, la empresa que tenía la concesión de las vías, el Estado Nacional, el Colegio Santa María y la Universidad Católica de Cuyo (de la que depende la escuela). Pero estas dos últimas instituciones no han resultado condenadas en este fallo que aún no está firme. Lo que se ha entendido es que cumplieron en parte con la exigencia de reparar el daño al tener un seguro, que es la ART, y la docente en su momento cobró una suma.

Puntualizó que en relación a ALL y al Estado Nacional la responsabilidad se establece “por el estado de las vías, del ramal, por no estar debidamente señalizado y porque ya habían sido intimados para hacerlo (en referencia a los arreglos y señalización) varios años antes”. Y dijo que la sentencia también alcanza “al dueño del transporte y a la empresa que los asegura, que está citada en garantía”. Lo que la empresa de seguro ha aducido es que no se cumplió con el contrato, porque el ómnibus no podía circular fuera del ejido urbano y llevar personas en las condiciones que lo hizo (había pasajeros de pie, por ejemplo), por lo que ha argumentado que el titular faltaba a lo convenido y el seguro no cubre.