Evalúan la adhesión de San Luis a la Ley de Narcomenudeo

Referentes del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Procuración General y del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se reunieron ayer en Terrazas del Portezuelo para analizar la adhesión a la Ley de Narcomenudeo. Afirman que la clave es la lucha contra la narcocriminalidad. “La Ley 26.052 introdujo importantes cambios en la Ley de Estupefacientes 23.737, vigente para todo el territorio nacional desde 1989. Las modificaciones más importantes condicionaron la competencia material y territorial para ciertas figuras”, explicó la presidenta del STJ, Carolina Monte Riso.

De acuerdo a lo que especificó, estos delitos operan sin distinción de límites o territorios, lo que torna imprescindible para su persecución y combate el trabajo conjunto de las distintas jurisdicciones con competencia en la materia. De hecho, varios referentes del ámbito nacional coinciden en que para que la prevención de estas transgresiones sea efectiva, es importante la articulación entre las justicias Federal y provincial, conjuntamente con las fuerzas de seguridad.

Previo a la sanción de la Ley 26.052, las pautas legales establecían que la Justicia Federal tenía competencia exclusiva en la materia. Sin embargo, se entendió que los hechos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes exponen una suerte de ramificación que excede las fronteras provinciales o nacionales, además de vulnerar el tejido institucional o incluso afectar la salud pública.

Así, con las modificaciones se buscó ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente al flagelo de las drogas; se desfederalizaron los delitos de narcomenudeo.

Hasta el momento, provincias como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos ya implementaron los lineamientos que tratan de lleno lo referente al microtráfico. Incluso algunas de estas regiones suelen ser citadas como ejemplos de las experiencias que lograron hitos puntuales en la persecución contra las drogas.

Muchas veces esta modalidad suele ser pormenorizada, pero en varias circunstancias implican organizaciones específicas comparables a una pequeña empresa, donde cada integrante tiene una función. El daño que ocasionan es concreto.

Para graficar la dimensión del problema, en el año 2018 el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, subrayó que cerca del 60% de los homicidios en esa provincia estaban relacionados directa o indirectamente con el narcomenudeo. En ese año, el letrado remarcó la importancia de adherir a la ley porque el tráfico de drogas tiene una relación muy directa con la violencia.

Si bien en San Luis no se han comunicado datos oficiales que detallen esta circunstancia, aseguran que hay delitos que están muy vinculados con la modalidad. “Desde el Poder Judicial y la Procuración, es fundamental contar con los medios necesarios para encarar esta lucha”, remarcó Monte Riso.

Las autoridades que se reunieron para analizar el establecimiento de la normativa en San Luis volverán a coincidir para continuar con el diálogo. No hay fechas confirmadas, pero habrá nuevos encuentros.