Responder más rápido, mejor y evitar la revictimización y el destrato institucional

El procurador general de la provincia, Luis Martínez, fue el gestor de la idea de reformar la Ley Orgánica de Administración de Justicia para crear fiscalías especializadas con la única finalidad de atender a sectores especialmente vulnerables “con mayor cuidado, mayor celo, mayor atención y mayor profesionalismo”. En diálogo con El Diario, el funcionario contó el proceso para su puesta en marcha.

“La de las fiscalías especializadas siempre ha sido una idea recurrente en todas las provincias que se volcaron hacia los sistemas acusatorios, donde son los fiscales los que llevan adelante las investigaciones en lugar de los jueces”. “Estuvimos un tiempo haciendo una evaluación del caso de la provincia de San Luis y entendimos que los fiscales de instrucción vienen formados en todos los ámbitos penales y ninguno específico. No es un reproche, sino una descripción objetiva”, comentó.

Ahora bien, la especialización posterior a la formación inicial depende de a qué sector de la sociedad o a qué tipo de delitos específicos se quiera apuntar, pero, sobre todo, depende de la vocación por ciertos temas. “¿Por qué se hizo esta caracterización? Primero porque entendíamos que el niño, la mujer, el abuelo y las disidencias sexuales son objeto de protección especial para nosotros, o al menos para este Ministerio Público Fiscal: la mujer silenciosa es la más vulnerable, la disidencia discriminada, el abuelo que no tiene defensa en muchos tipos penales. Entonces dijimos que era necesario abordar la

desprotección de estos grupos y atenderlos con mayor cuidado, mayor celo, mayor atención y mayor profesionalismo”.

Martínez también cree que la coordinación de la nueva fiscalía con otras áreas del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo minimizará efectos no deseados del proceso judicial: la revictimización y el destrato institucional.

“Cuando tienen un problema, una mujer en situación de violencia, un menor, las disidencias de género o adultos mayores acuden en busca de ayuda no solo al Poder Judicial, también lo hacen al Poder Ejecutivo, que cuenta con programas de contención social que atienden la problemática del sector. Pero en este camino un mismo sujeto con un mismo problema era abordado desde distintos poderes del Estado, que no está mal, en buena hora que tengan muchos canales de abordaje, pero el problema es que requiere coordinación, porque si vos no trabajás coordinado, lo que hacés es revictimizar al adulto mayor, el niño, la mujer o las disidencias, que tengan quizás 20 entrevistas, y en definitiva en vez de resultarle un alivio institucional el problema se agrava”.

Por ello, el segundo pilar de la nueva fiscalía es la coordinación con entidades, como el Ministerio de Seguridad, la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf), los organismos del Estado que atiendan las problemáticas de las mujeres, las tres fiscalías de Instrucción y los juzgados de Violencia y Familia. “Si yo no tengo una fiscalía especializada ni coordinación dejo sujeta tu situación a criterios temporales. Si te pasa algo hoy, te tocará la Fiscalía 1, si te pasa dentro de 10 días la Fiscalía 2 y así. Es una locura porque cada vez que les pasa algo empiezan de cero y nadie tiene un seguimiento de tu problemática y termina siendo un destrato institucional”.

En definitiva, la idea nació con esa premisa: “Comprender que estos que planteamos son los sectores más vulnerables y que el tratamiento de abordaje tanto judicial como administrativo tiene que ser coordinado entre los distintos poderes y oficinas del Estado, así se fueron conciliando los elementos para entender que había que hacer algo lo antes posible”.

“Hablando con distintos fiscales, la doctora Durán es la que tuvo el coraje, el interés y la vocación de decir ‘yo me hago cargo, yo quiero ser la fiscal que atienda esos temas’. Y asumió el desafío de no tener turnos, porque va a ser complicado 30 días corridos al mes sin división, pero ella lo aceptó generosamente”, cerró el procurador.